La situación actual puede caracterizarse por varios rasgos confluyentes: uno, el sistema cuatripartito parece estar consolidado, y nada garantiza que unas terceras elecciones arrojasen alguna solución de gobernabilidad que no pasase forzosamente por la cooperación entre dos o más formaciones. Dos, existe una urgencia objetiva en disponer de un gobierno. Tres, la posibilidad de prescindir de Rajoy para facilitar algún pacto político pudo tener sentido después de las elecciones del 20D, pero no tras el 26J, cuando el líder conservador consiguió mejorar el resultado del PP en más de cuatro puntos porcentuales y en catorce escaños. Cuatro, el partido más ideológicamente afín al PP, que es Ciudadanos, tiene problemas existenciales para cooperar con Rajoy, ya que se comprometió solemnemente con su electorado a provocar una completa regeneración de la política institucional. Y cinco, la posibilidad de un pacto entre el PSOE y Podemos, que necesitaría la cooperación de las minorías nacionalistas, ha de descartarse completamente tras registrarse las últimas actitudes montaraces de ERC y del Partido Democrático (la antigua CDC)?.
En estas circunstancias, la situación parece irremediablemente bloqueada, ya que el PP no ha conseguido sumar adhesión alguna a sus 137 diputados, Ciudadanos no está dispuesto a pasar de la abstención en la segunda votación de investidura y el PSOE difícilmente saldrá de su cerrada negativa si, al menos, el PP y C's no forman primero una minoría "suficiente" de 169 escaños?
Así las cosas, hay una fórmula para el desbloqueo que todavía no se ha ensayado, y que requeriría la iniciativa de Sánchez y Rivera: una nueva alianza PSOE-Ciudadanos que diera lugar a una plataforma común, un programa y una estrategia. La estrategia consistiría en que ambas organizaciones allanasen mediante la abstención la llegada de Rajoy a La Moncloa con sus 137 diputados, con la condición de que la minoría gobernante negociara toda su acción legislativa y de gobierno con la plataforma mencionada, que aportaría así sus 117 diputados a la gobernabilidad.
De hecho, Rajoy ya habría facilitado ese camino con su oferta de aceptar espontáneamente 125 de las 250 propuestas del pacto firmado el 24 de febrero por PSOE y Ciudadanos, que llevaba por título "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso" y que contenía 250 medidas. Si cuajase el acuerdo mencionado, habría que modular sobre esta base un programa común.
Si se llegase a esta fórmula para la investidura, se habría salvado el gran escollo de la ingobernabilidad y se habría puesto al fin en marcha el pluripartidismo, que habrá que digerir y que encauzar conforme a nuevas pautas que lo faciliten y racionalicen. Porque sería lógico reformar cuanto antes el sistema electoral si no se quiere volver al bipartidismo, no tiene sentido mantener una ley d'Hondt que lo propicia y el sistema de formación de los gobiernos, estableciendo fórmulas que aseguren su instauración automática si transcurren determinados plazos sin acuerdo.
Esta primera legislatura de la nueva época debería, en todo caso, centrarse en las grandes cuestiones pendientes que afectan a la supervivencia del sistema, y particularmente a la reforma constitucional en su doble vertiente: la orientada a la modernización de este país y la relativa a la evolución del sistema de organización territorial, que ha de concertar todas las sensibilidades presentes y de resolver el conflicto catalán, que pivota sobre el anhelo de los independentistas pero también sobre el descontento de toda la ciudadanía del Principado. Una labor ímproba para un tiempo nuevo, en que todos los actores deberán aprender a adaptarse a la realidad distinta que acaba de establecerse.
