Se ha enfatizado mucho pero quizá no lo suficiente todavía la falta de tradición de nuestra democracia en el terreno de los pactos y los consensos. Si la Constitución fue un alarde de voluntad de compromiso por todas las partes empeñadas en la construcción de este país alarde precedido por otro, el de los Pactos de la Moncloa, que allanaron el camino a los constituyentes, todo el resto del camino ha sido efectuado por mayorías monocolores, que apenas han tenido que pactar con formaciones minoritarias, nacionalistas, asuntos tangenciales, que no afectaban a la gobernabilidad general.
Pues bien: semejante bisoñez está deparando una verdadera sinrazón a la hora de procurar aquí una mayoría capaz de alzarse con la investidura y el gobierno de la nación. El Partido Popular, más o menos explícitamente, está lanzando contratos de adhesión a sus hipotéticos socios, y aun cuando asegure que está dispuesto a transaccionar lo que hace falta, el propio lenguaje traiciona al emisor de la propuesta. El hecho mismo de que Rajoy insista en su voluntad de que le dejen gobernar con apenas sus 137 diputados indica a las claras la concepción que tiene de su propio papel: se trataría de sacar adelante su programa haciendo ocasionales concesiones?
Cuando la voluntad del cuerpo electoral ha ido, según parece, por otros caminos. La voluntad implícita en el voto del 20D y el 26J incluye un cambio conceptual profundo, de modo que lo que antes era el desarrollo de un proyecto unívoco, ahora deberá ser el fruto ambiguo y mestizo de un negociación. Por ello mismo, si Rajoy quiere salir del actual impasse, debe dejar de emitir propuestas de contratos de simple adhesión a Ciudadanos y al PSOE y efectuar ofertas inteligentemente híbridas, que por fuerza tengan que merecer el respaldo de las otras grandes opciones constitucionales.
De hecho, el PP debía haber lanzado ya tres invitaciones concretas a las formaciones de las que reclama respaldo: una primera, para reconsiderar los fundamentos del proceso socioeconómico, que aunque nos ha sacado de la crisis ha generado objetivamente una gran desigualdad, cuyo tratamiento debe ser a partir de ahora el principal objetivo, que ha de ser lógicamente compatible con el mantenimiento de elevadas cotas de crecimiento.
La segunda invitación ha de ser para generar un gran consenso fundacional de una revisión integral del sistema que, sin poner en cuestión las bases constitucionales, ponga al día todo el edificio. Semejante designio, en le que deben participar ineludiblemente los partidos nacionalistas y que ha de estar abierto a todos también, por supuesto, a Unidos Podemos reconsiderará el modelo de organización territorial para racionalizarlo y acomodarlo armónicamente a las demandas existentes, conciliando diversidad y federación, autogobierno y solidaridad, y, por supuesto, incluyendo un modelo de financiación justo y ecuánime que objetive los criterios de compensación interterritorial que van aplicarse, y que lógicamente estarán encaminados a conseguir la nivelación del conjunto, conforme a las pautas de cohesión utilizadas en Europa.
Finalmente, la tercera invitación habrá de versar sobre la corrupción, mediante una gran convocatoria en que también participe la sociedad civil. Se trata de establecer unos fundamentos éticos más estrictos de la vida pública, que habrán de conciliarse con una visión más generosa del rol político no es sostenible que se pretenda hacer del personaje público un verdadero paria en términos económicos, y que habrán de desembocar en un sistema de control riguroso y estricto de los recursos públicos, que hagan prácticamente imposible el fraude, unido a un estricto sistema sancionador y a una acentuación del reproche social, de forma que determinadas prácticas determinen la expulsión del espacio político.
Con estas propuestas, sería imposible que no hubiera gobierno.
