01 de agosto de 2016
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Tribuna

¿El Rey Desnudo adjudica las Concesiones Náuticas en Baleares?

01.08.2016 | 02:45

Llegado el día de la fiesta, el rey se vistió con el supuesto vestido y montado en su caballo salió en procesión por las calles de la villa, la gente también conocedora de la rara cualidad que tenía el vestido callaba y veía pasar a su rey, hasta que un pobre niño de corta edad, inocente donde los haya, dijo en voz alta y clara "el rey va desnudo". 

Tal grito pareció remover las conciencias de todos aquellos que presenciaban el desfile, primero con murmullos y luego a voz en grito todos empezaron a chismorrear "el rey va desnudo,... el rey va desnudo"; los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto cuenta del engaño y es que realmente el rey iba desnudo. 

Al igual que en otras Comunidades Autónomas, en Baleares la gestión de las instalaciones náutico deportivas (Puertos, Varaderos, Servicios, etc.) se lleva a cabo desde la Administración Autonómica (Ports de les Illes Balears) y desde la Administración Central (Autoridad Portuaria de Baleares). Analizando la descripción de las competencias de ambos entes, se obtienen una serie de conclusiones que se resumen en la responsabilidad sobre la gestión y el fomento de la actividad económica e industrial de los puertos con objeto de rentabilizar las inversiones en los mismos. De ahí la responsabilidad de los gestores de esos entes, amparados por la Ley, sobre el óptimo aprovechamiento del bien público.

Una de las fuentes de ingresos más relevantes de los entes citados es la concesión del dominio público portuario (terrenos, láminas de agua e instalaciones) a empresas privadas, a cambio de unas tasas de diferente naturaleza (ocupación, actividad) en el caso de la Autoridad Portuaria o unos cánones de aprovechamiento en el caso de Ports de les Illes Balears. Para poner en primera página la importancia económica de estas instalaciones, hemos de decir que en el ejercicio 2.014 la Autoridad Portuaria de Baleares, ingresó 61 millones de euros de los cuales un 40% aproximadamente correspondieron a tasas de ocupación y actividad (y sus mejoras). Por lo tanto, se observa que este se trata de un gran mercado en el cual intervienen muchos agentes: administración, concesionarios (en todas su variantes) y técnicos.

El interés general de las concesiones va ligado al interés general de los ciudadanos que, aunque no todos participen directamente de ellas (no todos tienen embarcaciones, ni gestionan superficies portuarias) todos ha de beneficiarse de su puesta en servicio mediante la actividad económica que generan y por qué no decirlo, mediante los ingresos y servicios que reciben todos ellos a través de las empresas e instituciones que en este caso no son otras que la Autoridad Porturia de Baleares y Ports de les Illes Balears.

En los próximos años expiran una gran cantidad de concesiones para la explotación de dársenas deportivas tan importantes como el Puerto de Andratx, Portals, El Molinar, El Club de Mar de Palma, Marina Botafoch, Marina Ibiza además de otras explotaciones relacionadas con la restauración. La Ley que regula la gestión de concesiones, en ciertos casos (casi siempre potestativos de la Administración correspondiente), permite la posibilidad de alargar la vida de las mismas, en unos supuestos que se basan en el interés general de la concesión y en la necesidad de nuevas inversiones para mejorar la competitividad del sector portuario. Pero esta posibilidad de prórroga no es una obligación, es decir, la elección de los responsables entre elegir ampliar el plazo de una concesión que ha sido explotada por una empresa durante más de 15 años y sacarla a licitación de nuevo, debe ser marcada exclusivamente por el interés general, que creemos que es lo mismo que decir por el sentido común. Se han de conseguir las mejores condiciones de explotación, que obviamente no se han de obtener en todos los puertos con los mismo baremos: en unos ha de primar el canon a pagar por el concesionario, en otros la mejora de las instalaciones, en otros las tarifas más económicas para los usuarios, es decir, ha de prevalecer la mejor oferta, la cual dependerá de la mayor o menor ponderación de unos u otros parámetros en función del tipo de puerto o instalación cuya explotación se prorrogue.

A día de hoy se han producido casos de ampliación de plazos concesionales en instalaciones de Ports de les Illes Balears, como ha sido la adjudicación de la prórroga de la concesión a los operadores del Club Náutico de Santa Ponsa, y en la Autoridad Portuaria de Baleares, como la ampliación de plazo a una concesión como la del Puerto de Alcudiamar. No queremos poner en duda desde esta tribuna que ambas prórrogas no hayan obedecido a una buena gestión de los responsables y, por tanto, que no se hayan conseguido unas buenas condiciones nuevas de explotación. Sin embargo pensamos que no hay mejor forma de saber cuál es la mejor actualización de las dársenas deportivas que licitar de nuevo cada una de ellas, cuyo plazo está a punto de expirar, y escoger la más acorde con el interés general y con las necesidades de nuevas inversiones. Quedarnos sólo con la propuesta del actual concesionario, aunque legal si está suficientemente justificado, nos deja con una sola opción, que a pesar de que pudiera ser buena, no podemos compararla con ninguna otra y por tanto no podemos saber si es la mejor, es más, podríamos tener la duda de si es la peor.

¿Dónde está la mejora de la competitividad en el sector portuario prolongando la vida a un concesionario sin fomentar la libre concurrencia de otros igualmente válidos que ofrecerían las mismas contraprestaciones o, probablemente, mayores? En este caso, la experiencia previa ha demostrado que el operador que licita abiertamente en un concurso ofrece a la Administración la mejor de las contraprestaciones en un mercado libre. Visitando la sede electrónica de la APB (https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/seccio/1249/1244/informacion-publica) podremos comprobar las concesiones que en la actualidad están a pocas fechas de vencer su plazo y que solicitan ampliaciones, amparándose en una Ley cuya motivación es la mejora de la competitividad de los puertos.

Queremos pensar que el camino inicial escogido hasta ahora por nuestras Administraciones basado en prorrogar las actuales concesiones de los mencionados puertos deportivos ha sido el más conveniente, pero también quisiéramos indicar que, aún conveniente, éste ha de ser extraordinario, porque lo normal, lo transparente, lo estipulado en cualesquiera de los ámbitos de concesiones y enajenaciones de la Administración, ha sido, es y será la concurrencia abierta y libre de un concurso público en donde se puedan comparar proyectos, ofertas e ideas. Entonces podremos decir que hemos escogido la mejor. Multitud de despachos profesionales (ingenieros, abogados, arquitectos, economistas) colaborarían en las ofertas; los concesionarios interesados, ofertarían cánones de acuerdo al libre mercado (las concesiones actuales arrojarían una cifra de mejora de decenas de millones de euros para las arcas públicas). De este modo evitaríamos que la negociación se produzca sólo entre la Administración (cuyos límites están fijados) y el concesionario actual, fomentando así la transparencia que requiere la entrega de nuestros complejos náuticos a una empresa privada para su explotación y mantenimiento.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, esperamos que la nueva política también se precie en este ámbito económico y promuevan la concurrencia y transparencia máxima en la adjudicación de los puertos deportivos de Baleares.
Alguien debe decir que "el Rey va desnudo" .


*Juan Antonio Esteban, Luis Matarín Ayala, Federico Rodríguez Cerdá y Antonio Luengo Linares, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

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