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Antonio Papell

La desconexión catalana

El pasado 18 de julio, la CUP forzó a Junts pel Sí, el grupo político que sostiene al parlamento catalán, a aprobar en el Parlamento de Cataluña que la vía independentista marcada por la cámara autonómica se basará en "un mecanismo unilateral de ejercicio democrático". El texto, previamente aprobado por la comisión de estudio del Proceso Constituyente, eludía utilizar la fórmula del "referéndum unilateral" y la de la "declaración unilateral" de independencia; se optaba por la ambigüedad y el referido "mecanismo unilateral" serviría para "activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente", que sería la encargada de redactar la Constitución catalana tras haber completado "la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión". Pues bien: este miércoles, Junts pel Sí y la CUP hacían aprobar por el parlamento las referidas conclusiones de la comisión de estudio del Proceso, pese a la severa advertencia del Tribunal Constitucional, que ya había entrado a opinar anteriormente sobre esta cuestión. En realidad, se cumplía así una condición para que la CUP otorgue la confianza a Puigdemont en septiembre.

El forcejeo es antiguo: Junts Pel Sí desearía mantener 'el proceso' soberanista en el terreno de la legalidad, sin abandonar la pretensión de negociar con el Estado (es el único camino sensato, y el que no se estrellaría en el muro del estado de Derecho). Pero la CUP, decisiva para la estabilidad de la mayoría soberanista, quiere precisamente todo lo contrario: progresar a través de los hechos consumados hasta un referéndum unilateral. Y de hecho una de las conclusiones aprobadas representa la claudicación de Junts pel Sí: "No hay ningún margen de acción -se dice textualmente- para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán en el interior del marco jurídico constitucional y legal español".

Todo esto está sucediendo mientras el país se mantiene en una inquietante inestabilidad, a cargo de un presidente en funciones que ni siquiera es capaz de enarbolar con gallardía el encargo de formar gobierno y de dar los pasos negociadores necesarios para conseguir el objetivo. Es cierto que el régimen español está maduro por lo que estos periodos de transición no generan vacíos de poder, pero aunque el ejecutivo provisional está actuando con la debida puntualidad en la respuesta jurídica a los crecientes desmanes del independentismo, es evidente que en tanto dure este clima de provisionalidad no se pueden buscar las soluciones políticas a un conflicto que tiene que resolverse mediante la negociación? a menos que se acepte que el actual malestar haya de prolongarse sine die.

El Estado tiene dos bazas negociadoras que deben ser activadas sin demasiada demora: la reforma constitucional y la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Mediante la primera, es necesario recrear el consenso sobre el modelo de organización territorial que en la Constitución del 78 quedó sólo sugerido; a partir de tal reforma, refrendada por todos los españoles, Cataluña puede aspirar a una nueva reforma del Estatuto de Autonomía, convalidada en plenitud por el pueblo catalán. La reforma de la LOFCA deberá ser consecuencia de la anterior?

Este proceso es inaplazable, aunque el PP lo haya considerado siempre innecesario y engorroso. La cuestión catalana no se resolverá por el procedimiento de hacer oídos sordos a la demanda, remolonear en lugar de dar respuestas a las peticiones, callar ante las exigencias y esperar a que el tiempo mitigue la carnazón y vuelva las aguas a su cauce. El problema es serio y requiere ser abordado activamente con generosidad y visión de Estado, con la misma mentalidad creativa y conciliadora con que se construyó aquí la democracia, que tan fecunda nos ha resultado a todos.

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