24 de julio de 2016
24.07.2016
Editorial

Remedios y males del urbanismo provisional

24.07.2016 | 02:07

La ley de Evaluación Ambiental aprobada el jueves por el Parlament permitirá, una vez más, salir al paso de las cuestiones más urgentes en materia urbanística y afrontar lo inmediato volviendo a dejar la planificación de servicios esenciales para más adelante. Aunque en palabras del conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, la ley está concebida para "aclarar toda la normativa en materia medioambiental frente al caos de la legislatura pasada" lo cierto es que, aparte de esta función, es una operación de urgencia para impedir la paralización del sector de la construcción y a la par, atender la demanda de los ciudadanos en cuanto a nuevas edificaciones en zonas residenciales.

La moratoria que hasta ahora permitía levantar chalés en urbanizaciones desprovistas de alcantarillado estaba a punto de expirar. La patronal de la construcción había reivindicado otra prórroga ante el temor de quedar estancada. El balón de oxígeno llega ahora con la decisión parlamentaria del jueves que permitirá seguir trabajando a los constructores pero, al tiempo, se dejan al descubierto muchas cosas más que no son precisamente positivas.

Se responde y afronta la realidad al precio de volver a dejar constancia de que el crecimiento urbanístico en Mallorca nunca ha sido ordenado y de que ha mediado la incapacidad de consenso y la falta de voluntad política para fijarlo como estable y consecuente con la dimensión y el territorio. Solo en Mallorca están contabilizados 48 núcleos urbanos desprovistos de alcantarillado. Son casi tantos como municipios existen en la isla. Sus aguas fecales se vierten en pozos negros o desembocan en cualquier lugar, con los peligros que ello conlleva.

Ahora, a propuesta de El Pi y con los únicos votos en contra de Podemos y de Gent per Formentera, se aprueba una tercera moratoria que permitirá seguir construyendo en las mismas condiciones. Se hace, además, cargando toda la responsabilidad sobre los ayuntamientos. A los consistorios municipales les corresponde otorgar las correspondientes licencias y comprometerse a adecuar las imprescindibles redes de saneamiento. La medida era necesaria, urgente si se quiere, pero vuelve a llegar tarde porque ya hay demasiadas urbanizaciones levantadas sin ton ni son y las arcas municipales no están, salvo contadas excepciones, en su mejor momento para emprender infraestructuras de alto presupuesto.

La ley de Evaluación Ambiental no afecta solo a las urbanizaciones ilegales. Entre otras cosas prohíbe las party boats en Espacios Naturales y acentúa la protección de lugares como Son Bosc y s´Albufera, pero, por su impacto y consecuencias, el apartado que afecta a las urbanizaciones fuera de ordenación es uno de los más llamativos.

Los zarandeos actuales serán provechosos si con ellos, aparte de salir al paso frente a lo más inmediato, se logra concienciar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria sobre la imperiosa necesidad de consensuar y aplicar unas bases sólidas y estables en materia urbanística. No es de recibo que cada Govern se dedique a "aclarar" y corregir lo que ha hecho el anterior. De este modo se establecen la inseguridad y el deterioro urbano y paisajístico. Es lo que esta ocurriendo ahora y desde hace mucho tiempo con las urbanizaciones fuera de regularización. Se sabía de sobra cuáles eran sus carencias y, en vez de paliarlas de forma adecuada, se ha optado, por imperativo de la realidad, por la tolerancia y por la cobertura legal de la falta de servicios básicos. No era el mejor método disponible.

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