¿Se acuerdan de las huelgas y grandes manifestaciones callejeras, muchas veces violentas, que sacudieron durante meses a toda Francia por culpa de eso que eufemísticamente llaman "reforma" de su legislación laboral? Sucesos mucho más dramáticos, como los recientes atentados terroristas de Niza, parecen haber relegado todo aquello a un segundo plano.
Y, sin embargo, el Gobierno de François Hollande ha aprovechado el tiempo y, después de meses de huelgas y movilizaciones sindicales y la introducción de nada menos que 7.000 enmiendas, la ley ha sido aprobada por el Parlamento. A diferencia de lo que ocurrió en las dos primeras lecturas de la ley, los "frondistas" a la izquierda del partido socialista de Hollande renunciaron esta vez a presentar una moción de censura contra el Gobierno.
Destinada, según sus promotores, a aumentar la competitividad de la economía francesa, la nueva ley, que facilita el despido a imitación de las ya en vigor en otros países europeos como el nuestro, es, sin embargo, rechazada por un 70% de los franceses. El punto más polémico de todos afecta a la autonomía de los interlocutores sociales: según la nueva legislación, los acuerdos que se adopten a nivel de empresa tendrán prioridad sobre los convenios colectivos y la famosa ley de las 35 horas.
Todo ello constituye una gran novedad en un país tradicionalmente tan centralista como es Francia y ha motivado las protestas de dos grandes sindicatos, la CGT y Force Ouvrière porque desequilibra aún más la relación entre patronos y trabajadores en beneficio de los primeros. Las empresas podrán ahora imponer a los trabajadores horarios laborales más extensos argumentando que, de no tomarse esas medidas, tendrán que reducir la plantilla y en caso extremo incluso cerrar una fábrica.
El Gobierno se ha visto obligado, es cierto, a hacer algunas concesiones: en un principio, se pretendía que cualquier empresa pudiera recurrir a despidos de personal justificándolos únicamente por las caídas de la cifra de negocios en uno o varios trimestres sucesivos, según los casos. De acuerdo con la nueva redacción de la ley, ése es sólo el caso de las empresas pequeñas y medianas: una multinacional no podrá hacerlo si las pérdidas de pedidos o la caída de la facturación se limitan a sus operaciones en Francia y a aquélla le va bien por el contrario en el resto del mundo.
Las empresas de menos tamaño sí podrán proceder a despidos si sufren una disminución de su cifra de negocios en un solo trimestre en el caso de hasta de once asalariados, de dos trimestres sucesivos si la plantilla llega a 45, de tres, hasta 299, y de cuatro, las de más de esa cifra. Como concesión al único gran sindicato que no movilizó a las suyos contra la ley, la CFDT, socialdemócrata, rival de la CGT, de inspiración comunista, el Gobierno de Hollande renunció a su plan inicial de fijar por ley un techo a las indemnizaciones por despido.
Los sindicatos más combativos no se dan, sin embargo, por vencidos y anuncian para el mes de septiembre nuevas movilizaciones de sus afiliados. ¡Veremos!
