El pasado lunes, Rajoy reconocía, al término de la reunión de la dirección popular, su disposición a gobernar en minoría, apoyado tan solo en los 137 diputados del Partido Popular. Tal afirmación, que cambia por completo la perspectiva de la legislatura ulterior al 26J, se producía poco después de que el presidente del gobierno en funciones acordara con Albert Rivera la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados, en condiciones ventajosas para ambos: el PP ostenta la presidencia de la cámara baja, que ayer recayó en manos de la ministra Ana Pastor, y Ciudadanos ocupa dos puestos de los ocho restantes de la mesa, cuando por aplicación de la matemática electoral no le correspondería ninguno. De hecho, las votaciones de ayer pusieron en pie la "mayoría suficiente" de 169 escaños que suman PP y C's y que otorga a la suma de estos dos partidos una capacidad de gestión incontrovertible. Y, sorprendentemente, diez votos probablemente nacionalistas se sumaron a los vicepresidentes populares.
La apertura de Rajoy a la posibilidad de gobernar en solitario no significa, al menos de momento, que Rivera esté dispuesto a votar afirmativamente a su investidura, ni mucho menos que piense incorporarse a un futuro gobierno de coalición con el PP. Sí debe haberse producido, con seguridad, un acercamiento entre ambas organizaciones que ha incrementado la confianza recíproca y que abre puertas a una colaboración cierta en un cúmulo de cuestiones: política económica y presupuestaria, pacto educativo, reforma de la ley electoral, regeneración democrática, simplificación administrativa (supresión de las diputaciones), probablemente la reforma constitucional, etc.
Con todo, la investidura, primero, y la gobernabilidad plena, después, dependerán de cuál sea la posición del PSOE, partido que de momento no ha mostrado propensión alguna a allanar, por acción o por omisión, el camino de Rajoy hacia la presidencia. Argumentan los socialistas, y no les falta razón, que, habiendo en la cámara baja 182 escaños conservadores, Rajoy tiene la obligación de trabajarse la mayoría sin recurrir a la izquierda. El problema estriba, evidentemente, en la actitud del nacionalismo catalán y en la escasa sintonía actual del PP con el nacionalismo vasco. Pero también parecía imposible en 1996 que Pujol facilitara el gobierno a Aznar. El PP tiene una asignatura pendiente en este asunto, y debería esmerarse en la materia dado que pretende gobernar los próximos cuatro años, es decir, gestionar el desenlace del conflicto catalán.
No es lo mismo que el PSOE facilite la gobernabilidad mediante una abstención total o parcial a un proyecto de gobierno respaldado por 169 o 170 escaños (PP+C's+CC) que lo que se pretende ahora de él, que se abstenga para que Rajoy gobierne con 137 escaños. En aquel caso, la función del PSOE durante el cuatrienio sería la de oposición, es decir, de contradicción y control. En el segundo, el PSOE debería participar en la composición de la voluntad general, y negociar por tanto, como Ciudadanos, cada propuesta gubernamental. Esta última opción es muy compleja y no parece probable que Sánchez la admita ni que el comité federal socialista la convalide, y menos aún sin disponer como antes de la presidencia de la cámara. Por ello mismo, PP y Ciudadanos deberían repensar su fórmula, que plantea dudas sobre su viabilidad. Porque sin una colaboración más automática que puntual entre las dos fuerzas gubernamentales, el proceso político será incierto e inestable, a pesar de las garantías de estabilidad que aporta el sistema constitucional español de moción de censura constructiva, que impide derrocar un gobierno sin presentar al mismo tiempo un candidato alternativo.
