Europa quiere más ajustes. No le vale el paquete de medidas para obtener 8.000 millones de euros que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, planteó el pasado martes para mostrar a Bruselas su compromiso con la disciplina fiscal y al mismo tiempo tratar de evitar la multa por saltarse a la torera los objetivos de déficit. Fuentes comunitarias apuntan que Bruselas podría exigir ahora un ajuste de 10.000 millones hasta 2017. Esa cantidad equivale al desvío sobre el objetivo de déficit en el que incurrió España en 2015 y que el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, achacó a las comunidades autónomas, con Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana a la cabeza.
El importe de la multa para España podría ser simbólico, pero eso es lo de menos. España podría quedar bajo la tutela de la Unión Europea por segunda vez en cuatro años y condenada a la austeridad. En un entorno de incertidumbre creciente por el brexit, la escalada terrorista y el miedo a una nueva crisis bancaria con epicentro en Italia, Bruselas -o mejor dicho Alemania- no perdona a los desobedientes. No olvida que en año electoral el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no redujo el gasto público sino que también rebajó el IRPF, suprimió gravámenes en el Impuesto de Sociedades y restituyó parcialmente las pagas extras retiradas a los funcionarios.
Ahora Europa marcará el camino de la política económica española y podría exigir un ajuste de hasta 10.000 millones. El problema es que, de momento, no tiene a quién reclamarlo porque España lleva siete meses sin Gobierno. El que está en funciones planteó un paquete de 8.000 millones de euros de los que 6.000, para disgusto de los empresarios, saldrían de una modificación del Impuesto de Sociedades, una medida de equilibrismo fiscal que en la práctica supone obligar a las empresas a adelantar el pago de tributos pero que también incluye la reposición de los gravámenes a las grandes compañías que se habían suprimido en enero. Otros 1.000 millones de euros saldrían de un incremento de la lucha contra el fraude y otros 1.000 del ahorro del Tesoro por el entorno de bajos tipos de interés.
Si ahora hay que llegar a los 10.000 millones de euros hasta 2017 quedan 2.000 en el alero. Si finalmente gobierna Mariano Rajoy en minoría, ¿se va a estrenar con una subida de impuestos, exactamente lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral?. Y si ese dinero no se obtiene por la vía de los ingresos, sino reduciendo gastos, ¿hacia dónde se va dirigir la tijera? El Gobierno en funciones, tras dar a conocer los datos de déficit el pasado mes de marzo, enseguida señaló a las comunidades autónomas, que si bien es cierto que superaron el objetivo en 2015 (1,66% del PIB frente al 0,7% pactado) también es cierto que tenían el techo más bajo (el Estado se reservó para él el 2,9%). Desviar el recorte hacia las comunidades autónomas equivale a rebajar el gasto en educación, en sanidad y en servicios sociales, los tres capítulos, junto con el pago de deuda y de sueldos, que consumen más presupuesto en las regiones. Y volviendo al supuesto del gobierno en minoría de Mariano Rajoy, ¿qué partido apoyaría esos recortes?
