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Llorenç Riera

Confesar y pactar ya no evita la cárcel

Primero fue la dificultad de obtener confesiones y arrepentimientos aunque fueran solo formales y exentos de contrición sincera para poder alcanzar pactos. Superada esta fase, el objetivo parece ser ahora el de asegurar que el acuerdo con la acusación no desvirtúe el contenido de la carga y la responsabilidad penal.

Aunque, por supuesto, cada caso es diferente, aun existiendo interconexiones entre ellos, se observa un proceso de evolución de comportamiento en la instrucción y juicio de los numerosos casos de corrupción política que han afectado y afectan todavía a Balears.

No puede circunscribirse todo a la mera negociación en términos estrictamente mercantiles. El acuerdo está admitido en la acusación y enjuiciamiento penal, pero no es una mera forma de liquidación de condena o absolución. A lo sumo, una herramienta para estimular la explicación de lo encausado y obtener confesiones del acusado. La Administración Pública de este archipiélago ha repuesto parte de los fondos malversados gracias a esta práctica estimulada por el ministerio público y las asistencias letradas de quienes llegan al banquillo con escasas perspectivas de absolución.

Pero ahora se está dando un paso más, se observa una nueva actitud de acusación que resulta atribuible al camino andado y la experiencia acumulada. Los fiscales están empezando a mostrarse reacios en lo relativo a exención de cárcel a cambio de confesión y multa. Sobre todo cuando hay reincidencia o antecedentes de por medio. Se vio ayer en la Audiencia Provincial, en el segundo juicio del caso Ibatur.

Los exgerentes del Institut Balear de Turisme, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, deberán cumplir respectivamente una pena de catorce años de prisión por ser autores confesos de cobro de comisiones de hasta el 15% y haber contratado por lo menos a tres particulares de forma ilegal menospreciando los principios de concurrencia y respeto a la norma administrativa. Después de haber dimitido de la gerencia del Ibatur, al asumir la responsabilidad política por el escándalo del Rasputin, Alía siguió beneficiándose de las irregularidades que se canalizaban a través del instituto. El fiscal sí ha aceptado que el exasesor Miguel Ángel Bonet y los proveedores Bartolomé Morey y Karmal Doral liquiden su condena con una multa.

En principio se pedían diez años de prisión para Alía y Alabern, pero después de haber aplicado a la investigación iniciada en 2009 los atenuantes de dilaciones indebidas, reparación de daño, confesión y colaboración con la Justicia, los catorce meses de prisión han sido inevitables. Es una nueva actitud en el ejercicio de la acusación pública y una forma de decir que el cohecho, el fraude y la prevaricación siguen siendo graves a pesar de que, a fuerza de reincidencias y diversificaciones, nos hayamos acostumbrado a verlos.

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