Cuando Angela Merkel, que había obtenido un 41,5% de los sufragios en las elecciones generales alemanas del 22 de septiembre de 2013, decidió pese a todo completar su mayoría parlamentaria con un pacto con el SPD, firmó con ese partido un minucioso acuerdo de 185 páginas que incluía potentes concesiones a sus socios, desde la creación de un salario mínimo interprofesional a partir de 2015 a la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes que deseen ser alemanes sin renunciar al pasaporte de sus padres, pasando por la decisión de cierre de todas las centrales nucleares o la anticipación de la edad de jubilación, de los 67 a los 63 años, para aquellos que hayan cotizado durante 45 años o más, entre otras muchas medidas claramente progresistas, ajenas al universo conservador. A cambio, Merkel mantuvo el control en las cuestiones fiscales y presupuestarias: el Gobierno federal dejaría de endeudarse a partir de 2015 y no aplicaría subidas de impuestos a los que más ganan.
Frente a este pacto de gobernabilidad, que puede ser paradigma en el sistema parlamentario que también rige en nuestro país, Rajoy pretende lograr apoyos y abstenciones sin formular siquiera una propuesta clara de negociación a la germánica manera: sentándose con sus potenciales socios, con la disposición a transaccionar una parte importante del programa. El PP se ha limitado a enviar por correo a los demás partidos un documento, "Programa para el gobierno de España", que resume los cinco puntos esenciales del programa electoral del PP tanto el 20D como el 26J, con algún guiño poco concreto a Ciudadanos y sin una convocatoria a la negociación.
Es evidente que tanto C's como el PSOE rechazan en principio pactar con el PP, y quizá fuera el momento de que Rajoy y sus cuadros se preguntaran constructivamente por qué. La corrupción repele, y Rajoy pretende pactar cuando todavía no se ha manifestado la diligencia debida a este respecto: un conspicuo embajador, compañero de fatigas de Martínez Pujalte, sigue en el cargo, y un ministro señalado por gravísimas prácticas sigue en el cargo sin dar las debidas explicaciones. Pero, además, la primera ronda de contactos de Rajoy se ha saldado sin una sola propuesta concreta, que al menos hubiera aclarado la disposición de la formación mayoritaria.
En este aspecto, tienen toda la razón los que mantienen la tesis de que, si quiere realmente gobernar, Rajoy tiene que batirse el cobre en la búsqueda de apoyos, que sólo conseguirá mediante la seducción política a través de propuestas espcificas. Albert Rivera no podría negarse a una oferta de modernización del país, de lucha cerrada contra la corrupción, de reforma constitucional y de la ley electoral?
Así las cosas, es marrullera la tesis de que la responsabilidad de que se genere la necesaria gobernabilidad recae sobre el PSOE. Las cosas serían así hasta cierto punto si Rajoy compareciera a la sesión de investidura con el respaldo de una "mayoría suficiente". Pero no si lo hace apoyado tan solo por sus 137 diputados, por la sencilla razón de que con este parco bagaje no podrá gobernar. La investidura está vinculada a la gobernabilidad, ha dicho Pedro Sánchez atinadamente.
Por último, hay que desmontar cuanto antes el dilema que plantea el PP: o investidura de Rajoy a primeros de agosto o nuevas elecciones. Si no se sale del impasse actual, el Rey podría o quizá debería legítimamente intentar la investidura de una personalidad independiente que, durante un plazo determinado, se hiciera cargo del gobierno si obtiene la confianza de una mayoría. Porque este país, desde luego, no puede permitirse unas nuevas elecciones, algo que no parecen haber entendido algunos sedicentes líderes políticos.
