03 de julio de 2016
03.07.2016
Editorial

Gravedad de la mafia y extorsión policial

03.07.2016 | 02:45

Después de más de dos años y medio de instrucción, el juez Penalva ha levantado parcialmente el secreto de sumario sobre la trama de presuntas corrupciones en la Policía Local de Palma. Por desgracia, lo que se ha podido conocer con ello, no desmerece lo esperado y ayuda a entender algunas de las decisiones adoptadas por el magistrado, como el hecho de llegar a mantener en prisión, en un momento u otro, hasta a 16 agentes del cuerpo policial.

Uno de los aspectos más llamativos de los hechos que trascienden con el levantamiento del secreto del sumario, es el hecho de que el juez sitúe al presidente del PP de Palma, exdelegado del Gobierno y exteniente de alcalde en Cort, José María Rodríguez, como "artífice en la sombra" de la trama corrupta. En el grueso sumario se documentan las "turbias maniobras" del político y los favores sexuales recibidos, según varios testimonios, en clubes que abrían por la tarde expresamente para uso de cargos públicos y agentes policiales.

Las declaraciones de algunos testigos protegidos son estremecedoras. Aseguran que, en la práctica, algunos policías inculpados actuaban como agentes de seguridad privada de empresarios y que se entregaban sobres con dinero a políticos, policías locales y guardias civiles. También se describen brutales agresiones a prostitutas.

Ante todo ello, Rodríguez ha negado su implicación en unos hechos en los que otros le atribuyen la dirección y el haber recibido favores sexuales. Mientras, se sigue conociendo la entrega de regalos de lujo y la redacción de dossiers comprometedores, relativos a mandos policiales y hasta correligionarios políticos de Rodríguez en el PP.

Los actuales dirigentes de la formación, desde su presidente Miquel Vidal a Margalida Durán en Cort, han reclamado cautela y respeto a la presunción de inocencia. Lo que está claro es que, salvaguardando este principio básico del estado de Derecho, la gravedad de las imputaciones no pueden saldarse, de momento, con la espera y el retraso de decisiones. Lo conocido a través de la instrucción judicial obliga, cuando menos, a la depuración contundente de responsabilidades políticas paralelas a las medidas cautelares que en su día ya adoptó el juez. Más de 20.000 folios de instrucción, a estas alturas, no pueden ser considerados elemento insustancial ni factor carente de indicios que obliguen a Rodríguez a dar la cara.

El levantamiento del secreto de sumario ha coincidido en el tiempo con la semana en la que ha tomado posesión del cargo el nuevo jefe de la Policía de Palma, Josep Palouzié. En el momento de asumir su función se ha declarado consciente de la tarea que tiene por delante y ha puntualizado que no tolerará conductas alejadas de la regularidad y del trabajo propio de un cuerpo de policía local.

Sus primeras tareas serán las de la depuración, el establecimiento de la disciplina entendida como elemento de eficacia y la correcta estructuración orgánica del colectivo. Resulta imprescindible acometer estas tareas para que la Policía Local de Palma, en su conjunto, adquiera sentido y profesionalidad prestando el servicio que le es propio a la ciudad y a sus residentes. Todo ello al tiempo que la investigación judicial sigue su curso y se determina si, como se presume, existen responsabilidades penales vinculadas a la malversación, la extorsión y el cohecho. Sin embargo, con lo que se conoce, ya existen motivos de sobra para que se adopten las consecuencias políticas de la grave trama. José Maria Rodríguez es el principal aludido en este sentido.

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