El PP madrileño, presidido por Esperanza Aguirre, se ha negado a apoyar la retirada de las distinciones concedidas durante la dictadura franquista a ocho personas y a cinco entidades estrechamente vinculadas con aquel pasado atroz, de asesinatos extrajudiciales, arbitrariedad jurídica, falta de libertades y monopolio ideológico. La ley de memoria histórica, legítima y en vigor porque fue votada y aprobada por el Parlamento, obliga a tal limpieza y los populares se han opuesto objetando un pretexto jurídico: a su entender, " las distinciones ya están extinguidas".
Las preguntas que se agolpan ante esta actitud no son ociosas: ¿qué pretende el PP con esta negativa? ¿Qué saca Esperanza Aguirre, a quienes muchos consideramos una política democrática de convicciones semejantes a las de Margaret Thatcher, emboscándose detrás de los fascistas? ¿Qué mensaje quiere lanzar Rajoy a las jóvenes generaciones cuando defiende la memoria de personas como Arias Navarro, Camilo Alonso Vega o el general Moscardó? ¿Qué turbideces hay en el subconsciente de unos políticos que mantienen un discurso moderno y que sin embargo se aferran con fruición a los rescoldos más negros y sanguinarios de nuestro pasado, con las mismas ideas que alentaron el Holocausto y que hoy suscitan vergüenza en toda Europa?
