Los designios divinos son proverbialmente inescrutables y a veces los de los españoles también. Porque la estrategia de polarización política urdida durante la última campaña por el PP y la coalición Unidos Podemos (UP) ha resultado muy rentable para el PP pero totalmente negativa para Podemos, que ha visto como la oportunidad de ser una fuerza hegemónica se desvanecía absolutamente después de que fracasara el intento de sorpasso al PSOE mediante una alianza con Izquierda Unida que eliminaba la transversalidad teórica de la formación de Pablo Iglesias y la ubicaba fatalmente en la izquierda radical, en el paraje alunado que todavía habita Julio Anguita.
Lo cierto es que el PP, contra los pronósticos de las encuestas y a pesar de que cabía temer que los electores castigaran con severidad el lamentable "Fernandezgate" y los otros episodios recientes de corrupción, ha subido 14 escaños y más de cuatro puntos porcentuales „lo que asienta a Rajoy en el liderazgo„, en tanto el PSOE subía el 0,6% pero bajaba 150.000 votos y cinco escaños; Unidos Podemos perdía un millón de votos con respecto a la suma de Podemos e IU en diciembre y mantenía los mismos 71 escaños; y Ciudadanos bajaba un 0,9% y ocho diputados, en una prueba más de la singularidad de una ley electoral que castiga severamente a las formaciones menores.
Con estos datos en la mano, y puesto que las formaciones contiguas de derecha y centro derecha, PP y C´s, suman 169 escaños, en tanto las dos grandes organizaciones de izquierda, la genuina y la populista, apenas consiguen 156, parece lógico alentar la idea de que gobiernen aquellas, con la tolerancia „es decir, la abstención„ del PSOE en ciertas condiciones. Tal alianza podría también solicitar los cinco escaños del PNV y el de Coalición Canaria, lo que la colocaría justo al borde de la mayoría absoluta.
La voluntad del electorado aparece sin embargo muy matizada en esta ocasión: es claro, en concreto, que Rajoy no gobernará sin el consentimiento de Ciudadanos, formación que ha hecho el máximo hincapié en la lucha contra la corrupción, en el abatimiento de cualquier condescendencia con las prácticas viciadas que nos han indignado a casi todos en la legislatura anterior. No se trata sólo de extremar las sanciones sino también de apartar de los aledaños del poder a quienquiera que se haya contaminado mínimamente con tales abusos y de cambiar el estilo de la gobernanza, de forma que se tiendan nuevos puentes con una ciudadanía muy airada que ya no sabe qué hacer para moralizar la vida pública sin condenar al país a ser presa de alternativas excéntricas.
En otras palabras, la materialización del cambio que han impulsado los ciudadanos „más el 20D que ahora, pero entonces no hubo acuerdo para asumir el mandato„ queda en manos de Albert Rivera, cuya supervivencia política depende, además de que consiga reformar la ley electoral „se supone que será una condición sine qua non„, de que logre introducir aires inequívocos de regeneración ética, de que el nuevo gobierno dé preferencia a la reducción de la grave inequidad introducida por la crisis, de que el propio sistema político se modernice mediante una ley de Partidos que los democratice definitivamente „el preceptivo congreso del PP lleva dos años de retraso„, de que se aborde con eficacia la reforma constitucional y de que se abra un gran debate previo a un acuerdo sobre la reforma del sistema de organización territorial que resuelva el conflicto catalán. Si todo esto se acuerda y se formaliza, mientras el PSOE recupera en la oposición el pulso y la figura, este país habrá dado pasos importantes para salir de una vez del profundo impasse provocado por la crisis.
