En el libro titulado La guerra civil en Ibiza y Formentera Mariano Llobet Román, su autor, nos ofrece sus comentarios y pareceres sobre los cien títulos que había ido seleccionando acerca de dicho tema.

Pues bien, apoyado en estos cien libros se puede dar por incontestable que el desembarco del capitán Bayo en Formentera tuvo lugar en el amanecer del día 7 de agosto de 1936, así como que al principiar la mañana de dicho día se produjo el primer asesinato cometido en la isla: el del cura-párroco de Formentera, el reverendo Antonio Tur Costa. Uno entre los primeros 6.832 religiosos y religiosas católicos que según La persecución religiosa en España (obra de Antonio Montero, objeto de estudio por Mariano Llobet) fueron asesinados en la zona republicana durante la guerra civil. En Formentera, el segundo acribillado fue Antonio Tur Costa, padre del cura-párroco.

Vayamos a otros pormenores. El día 7 de agosto de 1936 quien escribe estas líneas tenía diez años de edad y vivía en casa de su abuelo, Bernardo Calvet Girona, nacido en Eivissa y compañero de bachillerato del antes citado cura-párroco. A través de los auriculares de una antiquísima radio que funcionaba con pilas, mi abuelo tuvo conocimiento de lo sucedido. Fueron tales su sorpresa y disgusto que aquella mañana sus nietos no asistimos a la clase de dibujo que asiduamente él (ingeniero de caminos) nos daba un rato antes de la familiar comida del mediodía, a la que no acudió.

Acaso fue ese modesto "acontecimiento familiar" el que a medida que me iba haciendo mayor originó en mí un especial interés por el tema de quienes por razones políticas habían sido asesinados, o solamente encarcelados, sin haber precedido juicio alguno. En aquella época, el rector de la parroquia de Génova, Francisco Vives Ordinas informaba a mi madre de las familias que precisaban ayuda económica porque alguno de sus integrantes estaba detenido.

A la vez, a nivel familiar oí comentar que parientes muy próximos iban a diario a Bunyola para evitar desmanes. Y al estudiar primer curso de bachillerato y mencionar a un compañero llamado Fernando Mateu Gacías, recuerdo que mi padre comentó: "Es hijo de F. Mateu. Su padre, en Sineu, evitó muchos desmanes".

Años después, en la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona trabé una estrechísima amistad con un compañero de curso que con su familia vivía en una calle cercana a la de Provenza, en donde yo residía. Esta circunstancia hacía que muchísimos días, al acabar las clases matinales regresábamos juntos desde la plaza de la universidad hasta nuestros domicilios. Me llamaba la atención que siempre íbamos por la acera izquierda de la avenida, hasta que un día me explicó el por qué. Desde el lado derecho de la avenida salía una larguísima calle. "No quiero ni acercarme", me dijo. "Antes hubo aquí una 'checa' y mi padre fue torturado en ella. Poco después murió".

Mi interés por el tema no cesó, sino todo lo contrario. En Menorca, concretamente con ocasión de pasar unos días en Ciutadella, me reuní con quien era huérfano de padre, asesinado en julio de 1936 ante el portal de su casa. Mi amigo me entregó una copia de la resolución del Instituto de Enseñanza Media de Maó de fecha 16 de junio de 1938, que dice así: "Remitida por la Delegación del Gobierno de la República en esta Isla la relación de alumnos matriculados en este Instituto que la Comisión Depuradora del personal escolar de Segunda Enseñanza ha considerado desafectos al Régimen legalmente constituido, me impone el deber de manifestarle que está V. comprendido en la citada relación, y en su consecuencia debe causar baja en la matrícula de este Establecimiento y quedar inhabilitado para asistir a las clases del mismo. Mahón, 16 de julio de 1938. El director accidental. Firma ilegible".

Recientemente (coincidiendo con las fechas en que los medios de comunicación europeos han realzado el hecho de que Angela Merkel y François Hollande se han reunido, concretamente el 29 de mayo, en el memorial de la cruentísima batalla de Verdún), los periódicos de nuestra isla han dado amplia cobertura a los actos que se preparan en el cementerio de Porreras encaminados a vaciar sí "vaciar" las fosas comunes para rendir un homenaje a los que en el verano de 1936 fueron ilegalmente fusilados por unos extremistas pertenecientes, en su mayoría, a un partido político ya desaparecido.

Frente a unas ilicitudes tan inequívocas como las muertes que tuvieron lugar en el cementerio de Porreres y desgraciadamente en el de Palma y de otras localidades mallorquinas transcurridos ya ochenta años sí, cuatro quintas partes de un siglo me parece bien que haya quienes quieran recordar a aquellas víctimas, pero disiento abiertamente del modus operandi que proponen.

No hace mucho tiempo, el señor alcalde de Palma al que como ciudadano debo respeto y obediencia hizo público su deseo de que la casa que había sido propiedad del doctor Tomás Darder exalcalde de Palma fuera dedicada a un centro cultural.

Pues bien, con todo respeto disiento del criterio del señor alcalde de mi ciudad. La hija del doctor Darder, con cuya familia mis padres primero y yo posteriormente mantuvimos una estrecha amistad, hace ya muchos años regresó a la isla y en Palma, una vez asesorada legalmente, dejó arreglados todos los temas económicos, de tal modo que no es un acierto referirse ahora a la procedencia de poner al día problemas relacionados con el que fue domicilio del señor Darder, exalcalde de Palma. Y ello por dos razones: primera porque precedentemente ya se arreglaron toda suerte de problemas; segunda porque en nuestro sistema jurídico la prescripción tiene unas exigencias inequívocas.

En el verano de 1936 eran muchísimos los mallorquines que, en lo más íntimo, repudiaban lo que acontecía en Porreres, en Palma y en algunos pueblos de la isla. Pero los antecedentes de lo que precedentemente había ocurrido en Menorca, en Eivissa y en Formentera, con múltiples asesinatos, encorajaban a los más exaltados que creían ejercer la justicia en los cementerios de ciudades y pueblos mallorquines.

Evidentemente a quienes cometían una ilegalidad tras otra no es posible darles actualmente la razón. Pero una vez transcurridos ochenta años proceder al desentierro de todos quienes están enterrados en las llamadas "fosas comunes" o sea quienes fueron objeto de una enorme ilicitud en el año 1936, esto es importantísimo, así como todos los enterrados pacíficamente desde entonces hasta ahora no está presidido ni por la ley ni por el sentido común.

¿Por qué no se procede de otro modo? ¿Por qué no actuar en Porreres y en cualquier otra ciudad o pueblo de Mallorca con el acierto con el que se ha actuado desde hace muchísimos años en Alaró? Sabido es que en Alaró anualmente se rinde en el cementerio un homenaje a quienes en aquella localidad fueron privados de la vida en el año 36 por razón de su ideología política. Me permito recomendar que se siga el ejemplo.