El descubrimiento de las maquinaciones del ministro Fernández Díaz en las cloacas del Estado, en esta ocasión junto al responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, el juez Daniel de Alfonso, no han sido en realidad demasiado sorprendentes dado que toda la legislatura ha estado jalonada de informes policiales sin firma que se han utilizado como armas arrojadizas y que se han intercalado con los que sí tenían fundamento, que han sido muchos y han descrito un desolado panorama de corrupción. Con todo, la publicación de las conversaciones entre Fernández y de Alfonso representan un escalón superior de la desviación de poder que se ha producido en los aledaños del departamento de Interior, que, en lugar de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, ha sido a lo que se ve una herramienta del gobierno para desprestigiar a sus adversarios.
Los planes conocidos de denigración del entorno independentista son gravísimos. Pero lo son todavía más algunos otros elementos de las revelaciones: en primer lugar, ha sido escandalosa la naturalidad sectaria con que el ministro del Interior reclama indicios que permitan acusar de corrupción al entorno de Esquerra Republicana y la familiaridad con que se refiere a la fiscalía, institución útil al parecer para "afinar" las actuaciones, asumir su paternidad y camuflar a los agente parapoliciales que elaboraban las insidias. En segundo lugar, es incalificable que el aparato de seguridad del Estado recurra a otros agentes externos, como el expolicía jefe de seguridad de una gran empresa privada, para efectuar investigaciones sin dejar rastro. En tercer lugar, repele profundamente el tono utilizado por los dos políticos sorprendidos en tan curioso conciliábulo; por ejemplo, cuando De Alfonso dice con increíble desparpajo "les hemos destrozado el sistema sanitario", en referencia a la persecución a Ramón Bagó por la concesión de diversos servicios públicos a hospitales catalanes, en un lenguaje bélico que da idea de la catadura moral del personaje, al que no parece preocuparle la calidad de un servicio público esencial?
Ya se sabe que todo Estado tiene sus cloacas, pero no es concebible en democracia que el aparato de seguridad estatal considere tan abiertamente que el fin justifica los medios, que Interior puede legítimamente hacer la guerra sucia contra un sector ideológico para preservar, se supone, la sagrada integridad de la patria.
Lo sucedido tiene además otro frente que no es irrelevante: el ministro del Interior y el colaborador que le era supuestamente leal han sido grabados en el despacho de aquél. Como alguien ha dicho, el inspector Clouseau era un genio al lado de Fernández Díaz, quien ni siquiera es capaz de blindar su propio despacho oficial. Ni de elegir a colaboradores que no le traicionen, en el supuesto de que el filtrador haya sido, como se ha sugerido, el responsable de la oficina antifraude. Con estas muestras de idoneidad, es milagroso que los enemigos del Estado, si es que hay realmente alguno, no lo hayan abatido hace tiempo.
La filtración en vísperas de las elecciones del domingo indica claramente un deseo malicioso de interferir en ellas por parte de no se sabe quién, pero en todo caso la gravedad de lo revelado es independiente de la coyuntura. Y las revelaciones, así como el encastillamiento de Rajoy enterado de todo según las propias palabras de Fernández Díaz hace todavía más difícil que antes que ya es decir que alguna formación política pacte con el Partido Popular. La idea de que el PP sólo recompondrá la figura cuando realice una profunda catarsis desde la oposición se abre paso incluso entre sus partidarios, hartos de sonrojos ante sucesos infamantes que ni siquiera merecen el preceptivo acto de contrición.
