La diferencia está en el estilo. El comportamiento y el vocabulario de Mario Pascual Torres y el de Manuel González Peeters poco tienen que ver entre sí, pero en cambio, coinciden en el objetivo que persiguen: el de reconvertir a sus patrocinados, los principales acusados del caso Nóos, en víctimas. Si atendemos a sus planteamientos, en años de instrucción y seis meses de juicio nadie ha logrado dar con las verdaderas intenciones de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres. Ayer, los respectivos letrados alcanzaron por vías distintas una misma conclusión, la de que ambos eran unos consumados legalistas cargados de buenas intenciones que ahora son víctimas de una instrucción con aspectos discutibles.
En esto último coinciden con el fiscal, una afinidad que se rompe de inmediato al entrar en la demanda de resolución. El representante del ministerio público pide, como es sabido, condenas sustanciales y los letrados, como era de esperar, la libre absolución de sus patrocinados.
Ayer parecía que todo había sido objeto de engaño. Mario Pascual, el dialogante abogado de Urdangarin, sostuvo que las administraciones autonómicas de Matas en Balears o Camps en Valencia y el consorcio de Madrid que aspiraba a tener las Olimpiadas que ahora se celebrarán en Río de Janeiro, lo contrataron por su capacidad de gestión y el interés de cuanto ofrecía. No por ser el yerno del Rey. Además, según Pascual, Urdangarin no era nada dado al control contable y por tanto a la expedición de facturas falsas. Pese a algunas pruebas documentales adversas, sostiene que en 2006 se desvinculó de Nóos y que la intervención en los frustrados juegos olímpicos de Madrid fue altruista. Para entenderlo hay que hacer una analogía: Nóos era como el Barça. El club de fútbol también es una entidad sin ánimo de lucro, pero a nadie se le ocurre pensar que carezca de fondos y beneficios.
La historia de las facturas falsas, según la defensa, era cosa de los hermanos Tejeiro. Viene a ser un muerto que se ha colgado a Urdangarin del mismo modo que lo son las críticas del aludido, pero no nombrado, Rafael Spottorno, el exjefe de la Casa del Rey y las acusaciones de delito fiscal.
Si atendemos a los argumentos de González Peeters, el letrado de Diego Torres y su esposa, llegaremos a la conclusión de que hemos asistido a un espectáculo inconsistente antes que a un juicio formal. Habló de "una ceremonia para la distracción del vecindario" en la que "los arrepentidos han mentido".
Desde esta óptica, no hay más verdad que la ofrecida por Torres porque "ha conseguido presentar pruebas de que no ha habido malversación de caudales", ello a pesar de sortear "la torpeza probatoria del fiscal" y toda una trama de "acusaciones vanas y vacuas". Según González Peeters, la acusación ha sido selectiva. Es algo parecido a lo que también viene a sostener la defensa de Mercedes Coghen, la exconsellera delegada de Madrid-16, al concluir que la deposición de 14 testigos avala que no se ha desviado dinero público. O cuando recuerda que otros convenios similares no han sido objeto de acusación. Es posible que abunde una severa alteración del lenguaje en este final del juicio.
