El 20D supuso cambios relevantes en el sistema de representación tradicional de este país, que desde 1982 siguió la pauta del bipartidismo imperfecto. La irrupción de Ciudadanos y de Podemos, a pesar de unas pautas electorales que favorecían el modelo anterior, impulsó simbólicamente la necesidad de reformar una Constitución que estaba siendo cuestionada por un sector político significativo „Podemos surgió exigiendo un proceso constituyente, aunque haya archivado después tal demanda, quien sabe si sólo provisionalmente„, que había dado síntomas de obsolescencia en algunas cuestiones vitales, que no se muestra eficaz para la solución del contencioso catalán y que debe responder a las nuevas demandas suscitadas en el campo de la organización territorial del Estado.
En realidad, la reforma constitucional lleva ya años sobre la mesa: Zapatero ganó las elecciones de 2004 con una reforma constitucional en su programa, que fue aparcada por falta de consenso después de que el Consejo de Estado emitiera un célebre dictamen que habrá de servir de referencia futura. Pero si en los doce años transcurridos no se halló la oportunidad de proceder a la actualización del texto constitucional „salvo en la reforma del artículo 135, exigida por Bruselas para paliar la crisis de deuda„ cuando tan solo era necesario poner de acuerdo a PP y PSOE para conseguir las mayorías cualificadas necesarias, más difícil resultará ahora la empresa cuando hay nuevos actores que discrepan abiertamente de los partidos tradicionales.
Podemos llegó a escena con un cambio de régimen bajo el brazo, criticando la Transición y reclamando un nuevo pacto constituyente. Paulatinamente, el partido se ha ido moderando y ya no cuestiona la carta magna, pero ha subido el nivel de exigencia reformista. Así por ejemplo, Xavier Domènech, líder de En Comú Podem, propone "una reforma potente" de la carta magna, en la que se reconozca el carácter "plurinacional" del Estado. Ello implicaría como mínimo el establecimiento de "mecanismos de bilateralidad" que establezcan "soberanías compartidas" y la posibilidad de convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña".
Es evidente que este planteamiento no va a ser aceptado por PP y PSOE „el socialista José Enrique Serrano ya ha dicho que estos planteamientos son "radicalmente inasumibles"„, lo que complica la secuencia que los socialistas habían exhibido para resolver el conflicto catalán: reforma constitucional de carácter federal que ampliase los techos competenciales, aprobada en referéndum según los procedimientos del texto constitucional vigente, y ulterior reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado lógicamente por el parlamento español y por los catalanes.
Determinadas declaraciones de líderes de ERC y de CDC no rechazan el planteamiento de la reforma constitucional pero muestran gran desconfianza, por lo que será difícil que el nacionalismo catalán regrese del camino montaraz que no conduce a parte alguna y converja con las formaciones estatales. Sin embargo, no queda más remedio que intentarlo puesto que la opción alternativa sería la ruptura, algo que un estado democrático maduro no puede desear ni consentir.
El pertinente acuerdo, que requiere mayorías muy cualificadas, necesitaría liderazgos fuertes y a la vez flexibles, a cargo de personalidades capaces de compartir unos cuantos objetivos comunes y de perseguir con ahínco los procedimientos reformistas para conseguirlos. No será fácil sin embargo conciliar la vieja política con la nueva, lo que demuestra que las formaciones clásicas perdieron en el pasado reciente oportunidades magníficas de cumplir con su obligación, de evitar la obsolescencia y la decadencia del marco institucional y de dar respuesta a unas demandas sociales que finalmente han sido recogidas por los nuevos actores.
