16 de junio de 2016
16.06.2016
Cuaderna

26-J: las grandes reformas pendientes (VI)

16.06.2016 | 01:08
26-J: las grandes reformas pendientes (VI)

La reforma del poder judicial

El PP llevaba en su programa electoral de hace cuatro años la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, con el compromiso de volver al sistema de elección directa de los jueces para conformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ocurría hasta que el PSOE cambió sin consenso la norma en 1985. De hecho, Ruiz-Gallardón elaboró un borrador cuando era ministro de Justicia. Al final el Gobierno abandonó el proceso de su aprobación.

Desde aquellas lejanas fechas (1985), las acusaciones sobre la politización de la Justicia han sido constantes y fundamentadas. El propio CGPJ ha funcionado como un parlamento en miniatura, reproduciendo la relación de fuerzas entre los grandes partidos.

Esos juicios de intenciones no se hubieran producido de haberse cambiado el sistema de elección, que ha dejado en manos de los partidos el nombramiento de los doce jueces y magistrados de los veinte que componen el CGPJ. Una y otra vez, PP y PSOE se han repartido esa representación. Esa es la razón por la que el máximo órgano de la organización judicial se ha desacreditado, extendiendo las sospechas de parcialidad sobre sus nombramientos, con independencia de su valía personal de la cual no tengo razones objetivas para dudar, pero no es menos cierto que su prestigio se ve contaminado por la politización de la elección.

Hay sin embargo una forma de despolitizar la Justicia y garantizar la autonomía del CGPJ: volviendo al sistema de que los jueces elijan a sus representantes. Puede que el sistema de elección de los jueces por los jueces no sea perfecto, como consideran determinados foros de la judicatura, del periodismo, del Derecho y de la vida política española; pero sin duda es preferible a que sean los partidos quienes decidan entre bambalinas los nombres de los que han de sentarse en el CGPJ.

La reforma del sistema de elección de los jueces debería ser una prioridad política de todas las formaciones para acabar cuanto antes con la anómala situación de hoy. Ello constituye, además, un requisito esencial para regenerar la democracia, uno de cuyos pilares es la independencia real de la Justicia. Tras tres décadas de permanentes escándalos y sospechas, ha llegado el momento de rectificar.

No hay duda; en un estado de Derecho, la justicia es el verdadero garante de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por ello, es una obligación democrática que la Administración de Justicia actúe con agilidad y eficacia para que ningún derecho quede menoscabado. El compromiso de todos los partidos debe ser que la justicia sea una institución de referencia, cumpliendo con su misión de servicio público. Para ello, hay que asegurar qué la justicia sea ágil, cercana, independiente y garantía de respecto a los derechos de todos. Por todo ello propongo:

-Buscar un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros.

-Fortalecer la carrera de los profesionales de la Administración de la Justicia mejorando los procesos de selección, reforzando los programas de formación, así como el sistema de retribuciones.

-Potenciar la especialización de jueces y magistrados, para la mejora de la calidad de la justicia minimizar al máximo la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

-Eliminación de los aforamientos y dejarlos solo circunscritos a la Familia Real, y presidentes de las principales instituciones del Estado, a saber, Gobierno, Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas y defensor del Pueblo.

-Establecer criterios incompatibilidad para jueves y magistrados, que una vez dedicados a la política deban reincorporarse a su puesto de trabajo.

La justificación de la incompatibilidad es bien sencilla: por más que posean plenamente el derecho a ejercer la política y a exhibirse ideológicamente, también parece absolutamente razonable que al concluir su etapa política no puedan reintegrase a la magistratura al día siguiente de abandonar el cargo público. Como reflexión política, lo que conviene ahora y aquí es abrazarse a la seguridad de que la mujer del césar, además de honesta y honrada, debe parecerlo.

Diríase conveniente creer, en definitiva, que tras una etapa política, y política de partido en la lucha que es habitual en este campo, los jueces siempre proyectaran la condición de ser "jueces contaminados". Si la idea de la contaminación nadie la niega al referirse a los jueces instructores de un sumario, y que por ello siempre quedan apartados para formar parte del tribunal juzgador, es lógico pensar que también los jueces y magistrados que se han dedicado a la política activa retornarían a las salas de justicia completamente "contaminados" de la política ideológica a la que acabasen de servir como cargo ejecutivo y/o parlamentario.

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