El ataque es una inmemorial estrategia de defensa. En todos los ámbitos, incluido el de los estrados. Nada original por tanto en las prácticas procesales de Pau Molins al solicitar una sanción para Manos Limpias, por haberse empecinado en mantener la acusación y la acción procesal sobre Cristina de Borbón. Su asistencia letrada ve en ello, el día en que Virginia López Negrete está enferma, "temeridad, abuso del derecho y mala fe". Ha hallado reincidencia por parte de Manos Limpias en este vicio, porque el Tribunal Supremo ya multó al sindicato por abusar de la figura de la acusación particular en Cataluña.
Es como si acusar a la infanta se hubiera convertido en pecado ante el cual cabe la penitencia de una sanción económica. Poco importa ya si un día la Audiencia resolvió sobre la oportunidad de continuar con la instrucción por el posible delito fiscal que ha acabado sentando a la hermana del Rey en el banquillo. El fiscal no ha hallado alteración de norma alguna en el comportamiento de la infanta y a su defensa le sobra con el avance de 587.413 euros para cubrir la posible responsablidad por haberse beneficiado, a título lucrativo, de su participación en Aizoon. Los 8 años que sigue demandando Manos Limpias son un "mantenimiento obsesivo de la acusación". Va concretándose el perfil de Cristina de Borbón como víctima. La carga y el peligro de la función institucional que representa queda por encima de los indicios de haberse aprovechado de él.
Así, de acuerdo con lo visto ayer en las conclusiones de las defensas del juicio por el caso Nóos, Cristina de Borbón es a todas luces inocente y ni su marido Iñaki Urdangarin ni el exsocio de éste, Diego Torres, aceptan culpa alguna. El cuñado del Rey y su antiguo profesor siguen amparando sus presuntos fraudes, malversaciones y delitos fiscales a la sombra o cobijo de la Casa del Rey. La rama valenciana del caso Nóos también reclama su absolución colectiva sosteniendo que su actuación no se separó de la legalidad. Por lo que respecta a la vertiente mallorquina del asunto, las multas parecen un consuelo alcanzado en la negociación, aunque Juan Carlos Alía, al que Manos Limpias tampoco concede tregua, responde cuestionando la capacidad acusadora del sindicato al que también considera susceptible de multa.
Caso distinto es el de Jaume Matas. El expresident quiere saldar penas a la baja. Está en fase de liquidación. Lo ha hecho, con buen resultado, con el palacete y ahora intenta realizar lo mismo con la condena que se ve venir. Le ha puesto un colchón de 800.000 euros. Con este punto de partida, los cálculos de su asistencia letrada suman un máximo de 1,7 años de prisión mutables en multa de 45.000 euros. Matas acepta haber cometido prevaricación y fraude pero no asume comportamientos que tengan que ver con la malversación. Todo ello, incluyendo las visiones de las otras defensas, deberá contrastarse con las conclusiones y peticiones que realice el fiscal.
