El Senado y su imprescindible reforma
De la mano del problema autonómico, no se aleja de él la cuestión del Senado y las cien veces discutida reforma. La propuesta es dotar a la cámara alta de las competencias propias que materialicen y justifiquen su existencia como una auténtica cámara de representación territorial.
¿De qué sirve al sistema legislativo español que se mantenga, como ahora, en el papel irrelevante de "segundas lecturas"? Y puesto que la historia ha pasado por encima de aquella otra función de cámara de próceres o de cargos vitalicios, ligada a las rentas personales y a la clase social del senador (como había pasado en otras épocas parlamentaristas de la España del XIX), el Senado sólo puede rebrotar si lo hace bajo el signo territorial.
Para ello, ese Senado renovado que imaginamos necesita dotarse de competencias específicas en relación al estado de las autonomías, y así, convertirse en autentica cámara de representación territorial. Para ello propongo, entre otras, las siguientes propuestas:
-Competencia legislativa exclusiva en las iniciativas de reforma de los estatutos de autonomía.
-Competencias legislativa exclusiva en leyes de transferencia del Estado a las comunidades autónomas.
-Competencias legislativa exclusiva en la ley de financiación autonómica.
-Competencia legislativa exclusiva en las leyes de armonización autonómica.
-Dar rango constitucional a la conferencia de presidentes autonómicos.
-Competencia exclusiva en la aprobación del fondo de compensación interterritorial y la elaboración de un dictamen vinculante a la hora de decidir la territorialización de las inversiones del Estado.
La ley de partidos y reforma
Como dice César Molinas, esta sea tal vez la reforma más difícil de acometer. Los partidos, o, mejor dicho, las cúpulas dirigentes no quieren perder su estatus de privilegio que han conseguido a lo largo de cuarenta años de ejercicio casi exclusivo de toma de decisiones, que afectan a sus militantes primero y a la sociedad en general después. Reformar el modo de proceder de las formaciones políticas implica anteponer el interés general al interés particular de sus cúpulas, que a día de hoy, están claramente posicionadas y atrincheradas en defensa de sus privilegios.
Para que España pueda llevar adelante un auténtico programa de reformas estructurales se necesita capacidad política, liderazgo y convencimiento de que en política hay que explicar lo que se hace y por qué se hace, siempre ajustándose a la verdad y al interés general. Esto obligará, más temprano que tarde, a que los partidos deban adaptar su forma de proceder cerrada y monolítica de las cúpulas hacia un proceso de participación ciudadana que les dé un alto grado de democracia interna y transparencia.
Este debería ser un pacto que implique a todas las formaciones políticas en la próxima legislatura. En esta reforma deben establecerse los controles externos e internos necesarios que dificulten y persigan los casos de corrupción, que en la España actual se han vuelto sistémicos por las malas prácticas de algunos dirigentes de las distintas formaciones políticas y la falta de rendición de cuentas de sus actos.
El objetivo irrenunciable de la reforma bebe en tres principios básicos que deben regir en toda democracia; estos son: democracia interna, transparencia y rendición de cuentas. Hay que reconocer que con el Gobierno de Rajoy algo se ha avanzado, pero no es suficiente.
Debemos convencernos que el diseño de los partidos surgidos de la transición, que daba todo el poder a las cúpulas dirigentes, dio sus frutos para consolidar la democracia. Pero también hay que reconocer que el uso y abuso total de poder casi exclusivo de los dirigentes de turno ha llevado a que hoy los partidos sean considerados como cunas de corrupción, nepotismo, arbitrariedad, estancias encerradas en sí mismas y que están muy alejadas de la realidad social, política y económica que vive la ciudadanía; y por lo que vemos, los nuevos partidos no han mejorado estos vicios.
Reitero que el actual sistema de organización de los partidos políticos no es válido para la nueva etapa que se ha abierto en España desde los inicios de la grave crisis económica del 2008. Hoy ya no sirve el "adanismo" para imponer criterio unilateral, ni la formación de "falanges" de políticos, cuyo único y primordial objetivo es obedecer al jefe de turno el sí jefe y darle siempre la razón, para poderse mantener en el machito del cargo.
Esta forma de proceder es la que hay que cambiar de forma radical, si se quiere recuperar la credibilidad en la política y en los políticos y avanzar en la conquista de la confianza perdida. En resumen, propongo impulsar una reforma de la ley de partidos que implique:
-Congreso cada dos o tres años, de forma obligatoria, sin posibilidad de adelantarlo o atrasarlo más de tres meses.
-Elección de delegados al congreso nacional mediante votación secreta de la militancia, en listas abiertas y desbloqueadas, tomando como referencia de distrito los municipios, la agrupación de éstos si es el caso, o la división de los mismos para ciudades mayores de 50.000 habitantes.
-Elecciones primarias, con voto secreto de la militancia, para elegir los candidatos a presidente del gobierno de España, presidentes de las comunidades autónomas, presidentes de consells y cabildos, y candidatos a alcalde en capitales de provincia y poblaciones de más de 10.000 habitantes.
-Elecciones primarias para elegir las listas a presentar al Congreso y al Senado, mediante papeleta abierta y desbloqueada, para cada distrito electoral.
-Obligación de realizar una auditoría anual externa, por auditores independientes, y publicar anualmente los presupuestos del partido así como la liquidación de los mismos.
