La Comisión Europea ha decidido aplicar el 'modelo español' al problema de la inmigración: se dispone a firmar acuerdos con los países emisores de flujos migratorios mediante los cuales se proporciona ayuda al desarrollo a cambio de que los gobiernos controlen y limiten tales flujos. La inversión en este designio sería de 62.000 millones de euros hasta 2020. La fórmula es moralmente correcta ya que responde a una concepción adecuada de la relación norte-sur: el norte opulento tiene la obligación ética de contribuir al despegue de un sur subdesarrollado, en buena medida a causa de la desastrosa colonización. Sucede sin embargo que Europa tiene escasa credibilidad en este sentido: acaba de conocerse y de publicarse que el fondo fiduciario para África creado el pasado noviembre, que había de nutrirse con 1.800 millones de euros provenientes de la Comisión y con otro tanto concedido por los estados miembros, sólo ha recibido el 4,5% de lo prometido por estos. Lo que ha ocurrido realmente es que los recursos disponibles para estos menesteres se han desviado hacia Turquía, a la que hay que aplacar para que no permita el tránsito de los flujos migratorios del Este a través de su territorio. Y si no hay cierta grandeza de miras y alguna lealtad a las promesas, el programa para África quedará también en papel mojado.
