El mapa actual de las 17 autonomías se perfiló entre 1979 y 1983, en un ambiente claramente marcado por el consenso político entre las grandes fuerzas parlamentarias, como nadie debería ahora olvidar. El 18 de diciembre de 1979, el Congreso aprobó los estatutos de País Vasco y Cataluña; en 1981, los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria; en 1982, los de La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra; finalmente, en 1983, los de Extremadura, Balears, Madrid y Castilla y León. Los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se aprobarían en 1995.
Hoy, por una vía competencial u otra, todas las autonomías disfrutan de unos niveles máximos, como si el conjunto autonómico hubiese accedido por la vía más alta, la del artículo 151. Ha habido, estos años, diversas reformas al alza de los estatutos y se han establecido varias reformas de financiación, aunque es muy cierto que ni lo primero ni lo segundo ha colmado las reivindicaciones sistemáticas y diríase que insaciables de muchos de los territorios.
En todo caso, se da la circunstancia nada banal que el estallido de la crisis económica, entre otros efectos, ha puesto a las autonomías en el punto de mira de las grandes reformas que el Estado requiere. Es como si, junto a la tremenda burbuja inmobiliaria, a los movimientos de economía especulativa en espiral y la grave irresponsabilidad en la dirección del sector bancario y financiero, la propia ordenación territorial de España en autonomías haya contribuido decisivamente a los "números rojos" públicos, al déficit público y al agobiante endeudamiento de las instituciones. Es decir, las autonomías han sido vistas como agentes causantes o coadyuvantes de la gravedad en que se ha visto hundida la economía español.
Sin ir más lejos, nuestro Gobierno nos informaba, en este primer cuatrimestre del año 2016, que la última legislatura se ha cerrado con un déficit del 5,16% del Producto Interior Bruto en 2015; es decir: unos 10.000 millones de euros más que el objetivo del 4,2% apalabrado con la Comisión Europea. En dinero contante y sonante, la desviación negativa entre los gastos y los ingresos de las administraciones fue de 55.755 millones de euros, sin incluir 853 millones en ayudas a la banca. Estos datos han supuesto un 5,16% del PIB y un 5,24% si se cuenta la asistencia a instituciones financieras. Incluso, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, no dudó en hablar de las regiones como la parte de la Administración que más ha incumplido sus obligaciones de límite de déficit. Y, en este sentido, se supo que las comunidades autónomas rebasaron en casi un punto su objetivo de déficit (0,7%) y cerraron con un desfase del 1,66%, nueve centésimas menos que en 2014.
Al margen de la evidencia clara de que un Estado centralista y centralizado siempre resulta mucho más "barato" en términos de dinero corriente que otro de autonómico, queda lejos de la lógica imaginar siquiera una vuelta atrás. Nadie puede eliminar ya la España de las Autonomías, so pena de caer en lo que sería un gravísimo incumplimiento constitucional. ¿Quién se atreve a conculcar la Constitución? Si la defendemos como es el caso indudable del Partido Popular, no nos cabe ninguna otra obligación que observarla y aplicarla de cabo a rabo, del primero al último de sus diez títulos. Y ello, claro, sin menoscabo del octavo, sin duda.
Cuestión distinta sería abordar propuestas de reforma constitucional; pero no parece nada inteligente que pudieran ir en la línea de eventuales derogaciones de los derechos autonómicos, hoy plenamente desplegados. ¿Qué hacer, pues, con la España de las autonomías? La máxima responsabilidad de los poderes públicos, de las formaciones políticas y de los políticos es conseguir tener una idea unívoca e inequívoca de España como nación de todos los españoles, con independencia de la pertenencia a una u otra comunidad autónoma. Debemos tener una visión global de España sobre lo particular de cada comunidad autónoma para entender que la unión y no la suma de las partes, hará más fuerte, más viable y más racional la organización territorial del Estado de las autonomías.
