Francisco Granados, antiguo consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, antiguo secretario general del Partido Popular de Madrid, está en prisión preventiva desde octubre de 2014 por su implicación en el caso Púnica, un gran y complejo episodio de corrupción urbanística que ha afectado a numerosos ayuntamientos y constructores, y que ha constituido uno de los baldones más sonados que han afectado al crédito de la formación conservadora. La catadura moral del personaje ha sido puesta de manifiesto por algunos cómplices que lo han delatado para conseguir beneficios judiciales.
Pues bien: la asamblea de Madrid se ha empeñado en convocar a Granados a una comisión de investigación sobre la corrupción política, y este ciudadano ha comparecido en la cámara a través de videoconferencia. Y el histrión ha organizado la de san Quintín, en dura brega con algunos de los miembros de la comisión investigadora. Con ello, la institución parlamentaria ha sufrido en su prestigio y Granados ha adquirido más notoriedad, algo que parece complacerle.
Es difícil de entender que una instancia política democrática se empeñe en dar voz a un presunto facineroso que está en espera de ser juzgado con el argumento de que quiere esclarecer unos hechos que en todo caso serán esclarecidos en vía penal, que es la única que sienta cátedra en esta clase de asuntos. Donde debe estar el señor Granados no es en los medios de comunicación ni en la asamblea de Madrid sino allá donde le ubicaron, con toda propiedad, los jueces competentes.
