La última reforma fiscal, implantada por el PP al final de su cuatrienio con evidentes fines electorales, ha tenido como era imaginable efectos perversos sobre el equilibrio presupuestario. Según se conoció este martes, el déficit de la administración central hasta abril aumentó un 15%, desde el 1,12% del PIB del año pasado unos 12.089 millones hasta el 1,25% de 2016 13.981 millones, según el ministerio de Hacienda. La razón del incremento ha sido una fuerte caída de la recaudación debida a las rebajas de tipos en el IRPF y en sociedades que se ha incorporado este año (que entre enero y abril han tenido un impacto de 2.466 millones según la Agencia Tributaria) y a las nuevas medidas sobre los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, que hasta abril han restado 1.434 millones que sin embargo se recuperarán en la cuota diferencial del próximo año pero que de momento incrementan el déficit.
Todo esto está sucediendo mientras Bruselas está meditando la conveniencia de sancionar a España con una multa del 0,2% del PIB unos 2.000 millones de euros por haber vulnerado los acuerdos del pacto de estabilidad en el marco del expediente por déficit excesivo que se nos sigue (el déficit fue en 2015 del 5,1% cuando debió haberse quedado en el 4,2%), y cuando la deuda pública española ha superado la barrera psicológica del 100%, lo que, unido a un elevado déficit privado, nos sitúa al frente de los países desarrollados en materia de apalancamiento. Además, nuestra Seguridad Social está literalmente en quiebra, y ya registra un déficit anual "oculto" (porque está siendo sufragado por el fondo de reserva) del orden de los 17.000 millones euros.
Ante esta coyuntura, el Gobierno afirma sorprendentemente que, si continuamos en la senda actual de crecimiento económico, aun se podrá bajar más los impuestos directos en la próxima legislatura, con tal que se continúe por el camino emprendido de reformas. Este enunciado, teóricamente aceptable, inquieta sin embargo a quienes hemos visto que las reformas se traducen en la práctica en recortes al Estado de bienestar. En lo tocante a la Seguridad Social, ya se ha comprobado también que, para la mayoría política saliente, "sostenibilidad" significa recorte de prestaciones: cómputo de más años para el cálculo de la pensión, actualizaciones más cicateras, etc.
Existe un amplio consenso social sobre el hecho poco controvertible de que el Estado de bienestar, que ha paliado en parte los efectos devastadores de la crisis sobre la igualdad, está en precario a causa precisamente de las economías realizadas durante la crisis, por lo que no admite más recortes sino al contrario: necesita una inyección de recursos para cumplir cabalmente su papel nivelador y garante de la igualdad de oportunidades.
Así las cosas, todo indica que no es posible "reformar" más el Estado de bienestar, por lo que la eficiencia económica deberá buscarse, si acaso, por el camino de la productividad, y especialmente a través del I+D. Camino poco transitado por los últimos gobiernos, y que los grandes partidos mencionan también poco en estas vísperas electorales.
De cualquier modo, ni la deuda acumulada con el consiguiente riesgo de una subida de tipos que nos provocaría un grave quebranto a la hora de pagar intereses ni la situación de nuestro sector público permite pensar en una reducción de la presión fiscal, que ya está considerablemente por debajo de la media del eurogrupo y que necesariamente redundaría en un recorte del gasto social, que en su estado actual es claramente insuficiente para evitar el riesgo de exclusión de una parte significativa de la ciudadanía.
