Uno de los misterios del proceso democrático español, que no es por cierto un dechado de virtudes en que reluzca la brillantez de los actores, es la escasa atención que merece el hecho de que nuestra deuda pública haya rebasado por primera vez desde principios del siglo pasado el ciento por ciento del PIB, lo cual, teniendo en cuenta el alto endeudamiento privado, nos sitúa a la cabeza de los países desarrollados más apalancados. Con independencia de lo dudosamente ético que resulta que transfiramos con tanto aplomo a nuestros hijos/nietos la carga de nuestra insolvencia, es evidente para cualquiera que no esté políticamente ciego que esta situación constituye una peligrosa espada de Damocles que penderá sobre nuestras cabezas hasta que rebajemos la deuda a magnitudes razonables?
En algún momento, los políticos,
sobre todo los que tienen pretensiones de estadistas y aspiran a cargar sobre sus hombros el Estado, tendrán que explicar qué piensan hacer cuándo los tipos de interés, que hoy son asombrosamente negativos, comiencen a subir, algo que sucederá antes o después, y quién sabe hasta dónde. Porque con una deuda de un billón de euros, cada punto de interés nos costará 10.000 millones de euros al año? que habrá que detraer de los PGE, y que anteponer a cualquier otro gasto (en virtud del inefable art. 135 CE)
Así las cosas, cuando estamos incumpliendo sistemáticamente los objetivos de deuda, haciéndonos incluso acreedores a una sanción de Bruselas, y cuando nuestra presión fiscal es exageradamente baja para un país desarrollado en 2014, fue del 34,4%, frente al 41,5% de la Eurozona, prometer nuevas bajadas de impuestos como ha hecho el PP es, como mínimo, una temeridad.
Los impuestos directos, progresivos, contribuyen a la equidad, pero ni siquiera los socialdemócratas creen actualmente que la lucha en pro de la igualdad debe conseguirse preferentemente por vía fiscal: el ideal de la igualdad de oportunidades en el origen se consigue sobre todo manteniendo unos buenos servicios públicos universales y gratuitos. Pues bien: en nuestro país, los recortes han mermado la calidad de estos servicios, han impedido la puesta en marcha real de la Dependencia y han deteriorado el bienestar de la ciudadanía. No se puede, en consecuencia, reducir más la disponibilidad del Estado si no se quiere que el estallido social, que dio lugar al movimiento de los indignados y ha provocado una seria crisis del modelo de representación política, se reproduzca.
Realmente, los márgenes en que habrán de moverse los partidos de gobierno en el marco del pacto de estabilidad no son muy amplios ni generosos, por lo que no caben las piruetas fiscales en la zona euro. Pero la tendencia de nuestro país debería ser hacia la reducción de la deuda y no al contrario. Las promesas de bajadas fiscales en vísperas de elecciones tienen un tufo de puerilidad predemocrática que debería evitarse. Y más debería hacerlo el PP, que ya prometió bajadas ante las elecciones de 2011 y tuvo que faltar después a su palabra.
También la situacón actual del sistema de pensiones debería frenar las alegres promesas fiscales: el déficit del sistema alcanza los 17.000 millones de euros al año, y no habrá más remedio que financiar parcialmente el modelo con los presupuestos? A menos que alguien tenga la peregrina idea de debilitar aún más un sistema que ha llegado al límite y qué sí ha frenado eficazmente la ruina de la equidad en estos años de crisis. Hasta que no se consiga un nuevo consenso sobre esta delicada cuestión, nadie debería recurrir en este país a agitar el señuelo de las bajadas de impuestos.
