Quienes afirman de buena fe que el periodo de provisionalidad política que vive este país desde el 20D resulta completamente inocuo deberían percatarse de que el actual gobierno en funciones no puede emprender reformas cuyo retraso produce perjuicios a la colectividad. Hay un ejemplo bien a mano que es el de las pensiones, cuyo déficit crece vertiginosamente hasta el extremo de amenazar a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Porque, como es sabido, nuestro modelo es de reparto, es decir, que lo que se ingresa de las cuotas de los trabajadores en activo se utiliza para sufragar las pensiones de los pasivos.
El sistema de pensiones no sólo responde a la obligación que tiene toda sociedad avanzada de ofrecer una retribución digna a quien por edad o por otra causa no pueda trabajar y ganarse la vida: también ejerce un papel nivelador que palia la desigualdad. Por todo ello, dicho sistema no puede ser escamoteado, ni rebajado, ni siquiera puesto en cuestión, como lo está siendo actualmente tras una reforma cicatera y de tapadillo que, en la práctica, congela las pensiones, algo inapreciable actualmente por las bajas tasas de inflación pero que podría tener un efecto devastador en el futuro, cuando la situación económica europea se normalice y las tasas de inflación se mantengan en el entorno del 2%, como prevé el BCE.
Pues bien: hoy por hoy, el modelo no es sostenible. Curiosamente, Rajoy dijo al llegar al poder en 2011 que se había encontrado el sistema "al borde del colapso" cuando el déficit de aquel año era de 487 millones; hoy, después de más de cuatro años de gobierno popular, el déficit anual es de más de 17.000 millones. Desde 2012, el pago de las pensiones ha requerido recurrir al Fondo de Reserva, que llegó a 66.815 millones de euros a finales de 2011 y en el que a finales del año pasado ya sólo quedaban 32.485 millones. La tasa de paro exorbitante, el desplome de los salarios, el envejecimiento creciente de la población y una política absurda de bonificaciones a la contratación (que no ha creado más empleo pero que ha arruinado el sistema) han tenido la culpa de semejante desviación, ya inmanejable.
En el pasado reciente, el equilibrio entre ingresos y gastos se ha tratado de conseguir reduciendo las prestaciones de los futuros pensionistas. Se ha retrasado la edad de jubilación, se ha calculado su importe tomando en cuenta toda la vida laboral del pensionista, etc. Pero no se puede proseguir por este camino si no se quiere debilitar todavía más un sistema que está en el límite. Por lo que se está abriendo paso tanto en la izquierda como en la derecha la idea de que una parte de las pensiones debe ser financiada con impuestos. En una primera aproximación, podría cargarse al erario público el paquete de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como otras prestaciones del tipo de orfandades, viudedades, salario social, etc.
El socialista Jordi Servilla ha propuesto recientemente tal solución a la insuficiencia de nuestro actual modelo, y Rajoy se ha apresurado a calificar la idea de "disparate". Pero lo curioso es que el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había considerado públicamente la conveniencia de que los recursos fiscales del Estado atiendan el pago de pensiones? Como se ha dicho, la cuestión no es propiamente ideológica, aunque algún partido pueda enfatizarla más que los demás.
Es en definitiva urgente que se reúna el pacto de Toledo con el objetivo de impulsar las medidas pertinentes para que se consiga la sostenibilidad del modelo cuanto antes, se invierta la actual tendencia el déficit pase a ser superávit y el fondo de reserva pueda empezar a crecer para prevenir futuras eventualidades.
