Ese carné, sin más precisiones, debiera ser obligatorio en el ejercicio de la política y, el correspondiente cursillo de capacitación para obtenerlo, fijar los límites de la intoxicación que produce el empleo de esa demagogia tan propia de su oficio. Sería un útil remedo del que, desde noviembre de 2015, se exige a los usuarios o vendedores de insecticidas y herbicidas para uso agrícola, motivo hoy de estas líneas.
No cabe duda que promover la toma de conciencia, procurando un mejor conocimiento sobre los riesgos que pueden derivarse del inadecuado uso de tales productos, aporta obvias ventajas, aunque sobre la peor contaminación que es la del hambre (Indira Gandhi), estemos aún lejos de arbitrar medidas suficientes y nuestra actitud la de unos poderes públicos que tienen la obligación de velar por cualquier manipulación potencialmente lesiva muestre deficiencias de imposible justificación. No obstante, repito, los obligados cursos (25 horas para el nivel básico, exigido a los agricultores que empleen dichos preparados en sus propios terrenos, y sesenta horas en el nivel cualificado, para comerciantes), ambos con examen final e imprescindibles para la compra o venta respectivamente, no son en sí mismos cuestionables, aunque a la sombra de la reciente normativa crezcan los inoportunos negocietes y quepa preguntarse si acaso ya se contemplaban al promulgarse la ley, toda vez que, como sabemos, una decisión tiene varias razones, ninguna de las cuales excluye necesariamente a las otras.
Podría ocurrir algo parecido a lo que sucede con el tabaco, cuyo demostrado perjuicio ha propiciado, sobre todo, un aumento de la recaudación por la vía del impuesto. O a través de las multas en el caso del cinturón de seguridad, lo que lleva a preguntarse, respecto a estas y otras cuestiones, si acaso no primarán las arcas públicas por sobre la protección de la integridad física o la salud que las legitiman, olvidando demasiadas veces que enseñar no implica necesariamente prohibir, sino facilitar la comprensión y, como resultado, mejorar los comportamientos. En el caso de los productos agrícolas citados y las restricciones para su venta y uso, la colusión entre protección ambiental y sacadineros por distintas vías parece evidente, lo que permite, una vez más, dar razón al conocido aforismo de que, hecha la ley, hecha la trampa.
El simple hecho de optar al carné implicará ser incorporado a una base de datos para ulteriores controles e inspecciones. Pero hay más y es que no todas las cosas buenas son conciliables, como dijo Isaiah Berlin (no confundir con Macarena Berlín, la de Hablar por hablar en la Ser, aunque haya quien pueda pensar que la columna de hoy merecería ese título). Para comprar un litro de cualquier producto de esos, será preciso el carné, pero no así en caso de cantidades inferiores; el usuario podrá hacerse con varios frascos de medio litro, con el tóxico más concentrado y gravados con un IVA del 21% en lugar del 10%, de modo que aquel a quien no importe pagar más, podrá pasarse la normativa por donde prefiera si con ello le hace el agua al fisco. A mayor abundamiento, también será posible obtener dichos líquidos a través de Internet, al igual que sucede con determinados fármacos, anabolizantes? Ya existen anuncios online a tal efecto, y habrá que ver lo que suceda tras la fusión de Bayer con Monsanto.
No afirmaré que sea oportuno recordar aquí que, demasiadas veces, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo, aunque podamos imaginar al hombre de campo esforzándose en memorizar, cara al examen final, las instrucciones y advertencias que sin duda figuran en los prospectos, pero dictadas ahora por las empresas públicas correspondientes o cualquier escuela privada de las que han surgido para impartir las clases previo pago de su importe y, de saltarse alguien la normativa a la torera, por más cuidadoso que sea en la práctica, podrá ser multado con cantidades que oscilarán entre 300 y 3.000 euros, lo que dejará en mantillas las que se aplican en caso de no llevar abrochado el cinturón.
¿Algo de paripé, visto todo lo anterior? Podría ser y es que, como sabemos desde Séneca, hablamos de un modo y vivimos de otro. Por no seguir, bastará finalmente recordar que, tras la liberación del mercado entre Europa y EE UU a través del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), país este último más permisivo por lo que hace a transgénicos, engorde animal mediante preparados hormonales u otras prácticas que pueden poner en un brete la salud de los consumidores, no es probable que se adopten aquí medidas rigurosas para el control de unas importaciones alimentarias que pueden entrañar riesgos, lo que evidencia una vez más que, en lo tocante al mercado, los dineros pasan por sobre una sensibilidad que se guarda en el armario. Sin embargo, no me extrañaría que ésta se airease de nuevo en el futuro para exigir, a las amas de casa (una fuente de ingresos aún por exprimir), el correspondiente carné de manipuladoras (es) de alimentos. En bien de la salud familiar: ¡faltaría más!
