Es poco dudosa la evidencia de que el desempleo que padecemos constituye nuestro principal problema socioeconómico, que es además estructural, lo que quiere decir que no se resolverá si no llevamos a cabo cambios profundos en el sistema productivo y en la estructura económica de este país.
Según la última EPA, correspondiente al primer trimestre del año en curso, hay en España 18.030.000 ocupados y 4.791.000 parados, con una tasa de actividad del 59,29% y una tasa de paro del 21%. Los parados de larga duración (que llevan más de un año en el desempleo) son 2.764.000, en tanto que unos 2.000.000 llevan dos años parados y 1.400.000, más de tres. Como es conocido, estos datos se obtienen de una encuesta efectuada a unas 65.000 familias al trimestre, que representan a unas 180.000 personas, por lo que este dibujo de la realidad social tiene una gran fiabilidad.
En 2007, el paro español estaba en el 8,50% de la población activa, y en 2012 alcanzó el 24,4%. El hundimiento súbito del empleo se debió al efecto combinado de la doble recesión, que arrasó el tejido empresarial, y del estallido de la burbuja inmobiliaria, que paralizó un sobredimensionado sector construcción que llegó a representar el 17% del PIB y cuya quiebra lanzó al paro a millones de personas.
Los trabajadores provenientes del sector construcción eran de muy baja cualificación, en parte por la propia naturaleza de la tarea, y en parte también porque muchos jóvenes abandonaron prematuramente los estudios para enrolarse en los bien pagados empleos que ofrecía aquella actividad claramente recalentada. Y muchos de ellos todavía figuran en las listas del desempleo de larga duración, que sin duda son las que más preocupación suscitan.
Así las cosas, parece claro que el problema del desempleo estructural español es sobre todo de empleabilidad y no solo de flexibilidad, como parecen creer los empresarios y el gobierno. En otras palabras, el objetivo que deberían plantearse los rectores económicos habría de ser, por un lado, estimular la actividad, la iniciativa empresarial, el emprendimiento, y, por otro lado, proporcionar empleabilidad a los parados que no la tienen.
El concepto de empleabilidad es muy amplio, pero a nuestros efectos debería plantearse en dos planos. Primeramente, acomodando el sistema educativo al proceso económico. Recientemente, se publicaba un estudio de Esade-Infojobs según el cual el 40% de los licenciados trabaja en empleos de nivel profesional inferior, siendo España el país de la UE que tiene mayor número de trabajadores sobrecualificados. Al propio tiempo, hay pocos trabajadores con formación intermedia porque la FP (formación profesional) española es de dudosa calidad e insuficiente.
El segundo plano es el de la formación de los parados, que en nuestro país no sólo es escasa y de dudosa calidad sino que ha sido escenario de uno de los episodios más penosos de corrupción, a cargo de los agentes sociales, patronal y sindicatos, que la tenían encomendada, prácticamente al margen del sistema educativo. La formación es la única vía de redención en la que pueden confiar los parados de larga duración, ya que es impensable que el sector construcción, del que provienen la mayoría de ellos, vuelva a tener la dimensión que alcanzó hasta hace poco.
Sobre estos postulados, deberían elaborarse los programas electorales. El PSOE, por cierto, acaba de presentar un ingenioso plan de contrataciones temporales en las Administraciones Públicas y entidades sin ánimo de lucro que daría trabajo a unos 200.000 parados de larga duración Puede ser una medida útil siempre que se inscriba en un diagnóstico correcto, basado en las premisas que se acaban de enunciar, pero desde luego el problema de fondo es muy arduo y no puede resolverse mediante simples ocurrencias preelectorales.
