Bruselas ha suspendido hasta después de las elecciones del 26J, como una deferencia a Rajoy, la decisión definitiva sobre la sanción que podría ser impuesta a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit en 2015, y que podría ascender a un 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Ello no significa que dicha sanción esté supeditada al resultado electoral porque cualquier gobierno emanado de las urnas deberá sujetarse como es lógico a los tratados, que ya se han incorporado a nuestro ordenamiento interno y nos vinculan por tanto como cualquier precepto de la Constitución. Viene esto a cuento de que se escucha en estos prolegómeno de la campaña electoral toda clase de onerosas ofertas a la ciudadanía, emitidas en ocasiones con gran desparpajo, como si los recursos disponibles fueran ilimitados o como si quien consiga el poder en España vaya a poder hacer y deshacer a su antojo, endeudándose o desendeudándose según las conveniencias de cada momento.
La verdad es otra bien distinta: el próximo gobierno tendrá que someterse al dictamen de Bruselas en lo referente a los incumplimientos pasados, deberá negociar con el comisario de Economía, Moscovici, la convergencia no es seguro de que se nos conceda más plazo que el ya otorgado para llegar al déficit del 3%, como piden algunos partidos, y habrá de acatar la disciplina presupuestaria sobre la que descansa la moneda única.
A la vista de estas evidencias, resultan chocantes algunas actitudes que desconocen aparentemente la realidad. Así, cuando el secretario de Organización de Podemos asegura que su coalición está dispuesta a votar al socialista Pedro Sánchez siempre que éste presente un programa progresista, habrá que preguntarse qué se quiere decir. Porque si ser progresista supone pretender un incremento del gasto de 60.000 millones de euros imposible de financiar y por tanto generador de déficit, es claro que se están haciendo trampas en el lenguaje.
Todo esto no significa, ni mucho menos, que se haya impuesto el pensamiento único y que no haya margen para optar entre vectores progresistas y vectores conservadores. Lo que Bruselas impone o, mejor dicho, lo que los Tratados ordenan imponer a Bruselas es la disciplina presupuestaria, no la cuantía de la presión fiscal. Los estados miembros de la Eurozona poseen sectores públicos muy distintos entre sí. En 2014, según Eurostat, la presión fiscal media fue del 41,5% (un 0,3% más que el año anterior); España es el decimotercero del ranking, con el 34,4%. Nuestro país siempre ha estado por debajo de la media, no sólo por el menor tamaño crónico del sector público sino también por la gran magnitud de la economía sumergida y por el elevado paro estructural. Pero como es evidente, hay todavía un amplio margen para incrementar las cargas fiscales, lo que permitiría como es lógico destinar mayor financiación a los servicios públicos, dotar de recursos a la Dependencia, financiar parcialmente con cargo a los presupuestos el sistema de pensiones, etc.
Cabe, en definitiva, una dicotomía conservadora-progresista, con más o menos impuestos, dentro de la ortodoxia europea determinada por el pacto de estabilidad. Y cabe, como es lógico, una distribución del gasto público adaptada a las preferencias políticas y éticas de la ocasional mayoría política. Pero siempre con la conciencia de que los recursos son limitados y de que si se gasta más en determinadas partidas habrá que ahorrar en otras. En definitiva, nuestra posición nos permite caracterizarnos ideológicamente en el poder, pero sólo dentro de determinados límites. Más allá de ellos, tan sólo están las tinieblas exteriores que se extienden extramuros de Europa o la pura y simple demagogia.
