22 de mayo de 2016
22.05.2016
Editorial

Abusos particulares del cargo público

Un nuevo escándalo político ha saltado a la opinión pública al conocerse, por denuncia y exhibición en el pleno de Cort, la existencia en el ayuntamiento de Palma...

23.05.2016 | 00:56

Un nuevo escándalo político ha saltado a la opinión pública al conocerse, por denuncia y exhibición en el pleno de Cort, la existencia en el ayuntamiento de Palma de una abultada carpeta con multas por infracción medioambiental retiradas a "amigos del PP", en expresión de la actual edil responsable del área, Neus Truyol. Una nota posterior de Emaya confirmaba que esta discriminación en forma de trato de favor, ha sido práctica habitual en la empresa municipal entre 2001 y 2015.

También esta semana el mismo ayuntamiento de la capital mallorquina ha decidido retirar la tarjeta "gratis total" de los aparcamientos municipales a la oposición después de haber comprobado que algunos de sus componentes más significativos la habían utilizado de forma reiterada en horarios y días que nada tienen que ver con su responsabilidad institucional.

Todas estas prácticas tienen un denominador común. No es otro que el del permanente aprovechamiento particular de los beneficios que puede comportar, o hay ocasión de arañar, al cargo público que se ocupa. En algunos casos, como los descritos, se hace de forma descarada y en otros mediante métodos más sutiles y ocultos. Se realiza así hasta que alguien lo descubre y denuncia. Entonces, por regla general, en vez de asumir la responsabilidad, se buscan pretextos o se intenta diluir lo privado entre el ejercicio de la actividad pública.

 La separación de estos dos ámbitos debería ser exquisita en beneficio del servicio a los ciudadanos, la dignidad de las instituciones y la honradez de quienes las ocupan. Pero en demasiados casos no es así. A la vista está. No es solo una rémora del pasado o un peaje que aplican quienes antes estaban en el gobierno y hoy ocupan los despachos de la oposición. El actual pacto de gobernabilidad compuesto o apuntalado, según el caso y lugar, por PSOE, Més y Podemos, había prometido acabar con estas malas prácticas pero la verdad es que, en apenas un año de ejercicio, ha sucumbido demasiadas veces en ellas. Se han visto excesivos casos de cargos de confianza con el vínculo familiar como principal mérito. La relación sentimental entre la consellera de Salud y el director gerente del Ib-Salut es solo el ejemplo más llamativo. El mismo Juli Fuster solo retiró el nombramiento de asesor al desconocido, pero delfín suyo en Santanyí, Jordan Thomás, cuando la designación adquirió conocimiento público.

Que el Govern se haya visto obligado a establecer un código de buenas prácticas en el que se regulan, por ejemplo, el uso y el kilometraje de los coches públicos o el plazo de devolución de los dispositivos tecnológicos después de abandonar el cargo, puede ser, como resulta, una buena  medida, pero también es una iniciativa cuya necesidad delata cuánto de confusión y aprovechamiento interesado sigue permaneciendo entre lo público y lo privado.

El ejercicio de la responsabilidad adquirida con el cargo, o el sentido común, deberían delimitar a la perfección estas cosas pero, dado que no es así, se impone la regulación, la vigilancia y la exigencia. El más elemental sentido de la democracia y del servicio público adquirido de forma voluntaria y, se supone, de modo vocacional y entusiasta, impiden que un cargo elegido en las urnas o designado con la confianza salida de ellas, pueda sacar rédito personal y privado de ello. No queda más remedio que intensificar las actuaciones para que así sea.

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