La lucha contra la corrupción en el ámbito público ha sido un logro democrático que nos ha permitido remontar uno de los declives éticos más graves de toda la etapa constitucional, y que ha sido posible gracias a la presión de la opinión pública, al papel desempeñado por los medios de comunicación y a la acción decidida de la Justicia, con el auxilio de las fuerzas de seguridad del Estado.
Dicho esto, hay que apresurarse a denunciar acto seguido ciertas actuaciones intolerables de juego sucio que se están prodigando en estas vísperas electorales y que tratan de expulsar del tablero a ciertos actores. En concreto, se están publicando informaciones muy comprometedoras que afectan a las finanzas de Podemos, que, según todos los indicios, constituirían un burdo montaje, que ya ha sido por cierto rechazado por los Tribunales. Y demás, se filtran informes policiales que no responderían a requerimiento judicial alguno, no han sido instados por un juez, y no tienen por tanto justificación conocida.
En un sistema de separación de poderes como el nuestro, la policía puede actuar de oficio en casos de flagrante delito, pero el ministro del Interior no puede investigar motu proprio a personas físicas o jurídicas si no es a requerimiento de un juez y con las debidas garantías procesales. No se deberían olvidar estos criterios si no queremos abocarnos a la degradación de nuestro sistema.
