El efecto devastador de la crisis sobre la sociedad española ha sido magníficamente estudiado por el IVIE y la Fundación BBVA en el informe "Distribución de la renta, crisis económica y políticas distributivas", dirigido por el catedrático de la Universidad de Valencia Francisco J. Goerlich.
El informe, que ha encontrado gran eco en los medios de comunicación, pone de manifiesto que, a causa sobre todo del fortísimo incremento del desempleo, se ha producido una gran proletarización de las clases medias. Si se considera clase media al estrato de población cuya renta está entre el 75% y el 200% de la renta mediana, resultará que este estadio del desarrollo socioeconómico correspondía al 58,9% de los ciudadanos en 2004 y a sólo el 52,3% en 2013, lo que significa que el 6,6% habría decaído en el estrato de las clases bajas, unas 3.000.000 de personas. Las clases bajas, a su vez, se habrían incrementado desde el 31,2% al 38,5%, en tanto las clases altas habrían experimentado una levísima caída, desde el 9,9% al 9,2%.
Lo más relevante del informe, además de ilustrar sobre la situación real de nuestra sociedad y sobre las urgencias más perentorias que la superestructura política debería abordar cabe imaginar que estos datos serán manejados en la campaña electoral que de hecho ha comenzado ya, es que calcula el efecto de las políticas públicas sobre la desigualdad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, referida a datos de ingresos de 2013, el índice de Gini (un indicador internacional que mide de la desigualdad) de la renta de mercado es de 53,2 puntos para el conjunto de los hogares, el de la renta disponible de 35,4, y el de la renta disponible ajustada de 28,9; es decir, "la desigualdad experimenta una reducción del 45,7% por efecto de las "políticas desarrolladas". Dicho en otros términos, la desigualdad se habría casi duplicado de no haber existido la acción del Estado.
El estudio constata que los efectos equilibradores de las políticas públicas se producen mucho más por el lado de los gastos (transferencias monetarias y servicios públicos gratuitos) que por el de los ingresos (impuestos directos). En concreto, la mayor reducción de la desigualdad se debe al sistema de pensiones (representan en 2013 el 46% del efecto total). En segundo lugar, actúan los servicios públicos, que contribuyen en un 27% a la reducción de la desigualdad: el 12% la educación y el 15% la sanidad. En tercer lugar, con el 19%, participan las prestaciones por desempleo y el resto de las prestaciones sociales. En cuarto lugar y a gran distancia, interviene también el sistema fiscal, ya que la progresividad de los impuestos directos no busca otra cosa, pero se da el caso de que el efecto es sumamente menguado, y apenas representa el 8% de la totalidad de las políticas públicas, a pesar de que el IRPF tiene un peso muy significativo en el sistema fiscal español (en 2013, representó el 42,1% de la recaudación, frente al 32% del IVA y al 9,9% del de sociedades).
Estas evidencias tienen un corolario político e ideológico de gran interés: las políticas tendentes a fomentar la igualdad, socialdemócratas, deben dejar de apostar preferentemente por la progresividad fiscal, cuidando de que una presión fiscal excesiva no reduzca el crecimiento económico, y han de centrarse en fortalecer el sistema de previsión y los grandes servicios públicos universales y gratuitos. Este es el mejor camino para potenciar la igualdad de oportunidades, restañar las graves desigualdades de renta y fortalecer de nuevo el estadio de las clases medias, cuyo tamaño se relaciona con la estabilidad política y social.
