En los últimos años, en las distintas instancias europeas (Parlamento europeo, Consejo de Europa, etc.), ha surgido una fuerte preocupación por los problemas de la familia. Se corresponde esta inquietud con la creciente sensibilidad social ante la necesidad de proteger a la familia y los entornos de la vida familiar, de modo que la política familiar ha pasado a ser entendida en Europa como una prioridad social y pública.

En España, la crisis económica en la que actualmente está inmersa la familia así como las dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para la prevención y el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad.

Desafortunadamente, en España, y aún con varios años de retraso con respecto a Europa, seguimos sin asistir a un cambio de actitud salvo raras excepciones en los políticos y en las diferentes administraciones públicas. Las familias están demandando insistentemente que, desde el tejido social y desde los poderes públicos, se ayude a la familia con medidas concretas, promoviendo y protegiendo sus derechos para que puedan consolidar su unidad, su estabilidad y su insustituible función social, esencial para el desarrollo equilibrado del ser humano y para la transmisión de los valores éticos, culturales y sociales.

La familia en España es en la actualidad una familia sin niños, con hogares solitarios, con cada vez menos matrimonios y cada vez más rotos, con familias cada vez más insatisfechas por la falta de la conciliación de su vida laboral y familiar.

Este desolador panorama, se ha visto agravado por la crisis económica, que ha impactado fuertemente en la familia. Una crisis económica que, si bien ha hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para la prevención y el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad, sin embargo, y debido al abandono de las administraciones e incluso al incumplimiento de sus compromisos electorales, ha provocado que las familias hayan sido las grandes perjudicadas en esta crisis.

Este abandono en las distintas áreas que afectan a la familia, no solo en el apartado económico, es de tal envergadura que podemos afirmar que, a día de hoy, los derechos de la familia no están garantizados en España en especial, los derechos de los padres a tener el número de hijos que deseen, el derecho de los padres e hijos a una estabilidad conyugal y familiar, el derecho a una conciliación de la vida laboral y familiar así como el derecho de los padre a la libre elección en la educación de sus hijos.

Todo ello provoca que España sea el país de toda la UE que menos ayuda y protege a la familia y esta clasificación demuestra que en España no solo no hay compromiso alguno con la familia, sino que no hay voluntad política de ayudarla y protegerla. Y el último puesto que ocupa España es la consecuencia de ello.

Asimismo se constata una relación directa entre el agravamiento de la problemática de la familia y la escasa ayuda y protección a la misma, de tal manera que en aquellos países donde se ha aplicado una política integral de apoyo a la familia sus indicadores han mejorado. Esperemos que en breve se ponga en marcha una verdadera política con perspectiva de familia que devuelva a esta su verdadero protagonismo en la sociedad del bienestar que tanto nos empeñamos en sostener pero que sin la familia no será posible.