Después del programa El objetivo de Ana Pastor del domingo, cada vez más gente en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país sabe de qué va eso del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, todos ellos en sus siglas en inglés). Una nueva generación de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que pretenden usurpar la soberanía, la democracia y cuyo objetivo es vaciar de sentido a los parlamentos y ayuntamientos que legislan y deciden en base a los programas electorales de las fuerzas políticas que los componen.
El TTIP es un caballo de Troya que los más poderosos del mundo quieren instaurar como norma reguladora. Y eso se traduce en cosas muy concretas: su voluntad es rebajar los estándares y exigencias sanitarias de la alimentación en Europa (que tiene una normativa mucho más severa que la estadounidense). En EE UU utilizan, por ejemplo, cloro para limpiar la carne de pollo, cosa que en Europa no está permitido hacer. Por otro lado, este tratado pretende eliminar el principio de precaución. En EE UU una multinacional puede utilizar un producto (un pesticida, por ejemplo) hasta que no se demuestre que es perjudicial para la salud. En cambio, en Europa, hay que demostrar que no es nocivo para la salud, antes de sacarlo al mercado. Esto supondría una pérdida de calidad en nuestros alimentos que harían que los agricultores y ganaderos de nuestras islas no podrían competir con productos que además de ser perjudiciales para la salud, serían mucho más baratos. Y esto tienen consecuencias en la práctica: las patatas de sa Pobla no podrán ganar la batalla de precios contra las patatas de Idaho o Washington.
En el ámbito del medio ambiente estos tratados pretenden cargarse el espíritu de los acuerdos del clima del pasado diciembre en París. Y es que estos acuerdos dan rienda suelta a las prospecciones petrolíferas (que hemos padecido en Balears) y al fracking, una técnica muy peligrosa para extraer petroleo y gas a través de fracturación hidráulica.
Probablemente, el elemento más conflictivo del TTIP es la creación de una justicia paralela para los ricos. Los famosos ISDS (Investor-State Dispute Settlement, tribunales de arbitraje privados) cuyo nombre han tenido que cambiar por ICS (Investment Court System) para ver si así colaba. Este sistema judicial para ricos y poderosos supone que los juicios entre estados y grandes empresas iban a dirimirse mediante procedimientos creados ad hoc para las grandes empresas, y así conseguir que siempre salgan beneficiadas. Imaginemos una situación que pudiera darse: en 2021 Balears decide prescindir de la energía nuclear y el carbón porque democráticamente lo decide su gobierno y porque el autoconsumo, las placas solares y los molinos de viento generan suficiente energía como para no tener que usar energía nuclear y carbón. Bien, pues la empresa que genera esa energía denuncia a la comunidad autónoma porque sus expectativas de ganancia se ven reducidas. No es difícil deducir quien ganaría los juicios si las cosas se deciden en un tribunal creado para que las grandes empresas ganen.
Bueno, ¿y qué es el CETA? Es lo mismo que el TTIP, pero con Canadá. Un tratado que está a la vuelta de la esquina y que supondrá un paso más en lo que David Harvey denomina como acumulación por desposesión. Las grandes multinacionales y el gran capital no se conforman con los recortes que están haciendo los estados en nombre de la contención del déficit. Ahora quieren que la administración pública les tenga que indemnizar cada vez que una decisión tomada de forma democrática les haga perder dinero. ¿Consecuencias? La administración tendrá miedo a legislar por si perjudica a una gran empresa y si lo hace, tendrá que pagar grandes cantidades de dinero. En nuestra comunidad autónoma tenemos una deuda de unos 9.000 millones de euros. ¿De cuánto sería esta deuda si las grandes empresas pudieran denunciar una y otra vez a la comunidad simplemente por legislar? No podríamos haber aprobado desde el Parlamento en septiembre del año pasado una moratoria de grandes superficies. Porque las empresas interesadas en construir la de ses Fontanelles nos denunciarían.
Por último: el TISA. El tratado para liberalizar todos los servicios. ¿Se imaginan que una empresa holandesa, china o coreana gestionara el servicio de salud en Balears? La limpieza del hospital de Son Espases lo gestiona una concesionaria, también el aparcamiento... ¿Pero se imaginan que la sanidad misma, que los doctores y doctoras estuvieran contratados por una subcontrata? Eso es lo que sucederá si este tratado de servicios sale adelante. Y entonces la calidad de nuestra sanidad dependerá de una empresa cuyo objetivo principal no es mejorar el servicio, sino competir.
El objetivo de todas estas siglas que definen unos acuerdos que se discuten con total secretismo y opacidad es someter al imperio del gran capital a la gente de a pie, a los autónomos que se despiertan cada día a las 6 de la mañana, la gente que labra el campo, o que abre su tienda pronto para sacar a su familia adelante. Es toda esa gente la que puede parar y, de hecho, está parando este ataque frontal a todo lo conseguido durante tantos años. Tras las filtraciones de Greenpeace, el TTIP está herido de muerte (Francia ha dicho que no lo apoyará). Ahora solo tenemos que rematarlo, y eso lo tiene que hacer la gente. Porque no somos los parlamentarios ni los concejales los que detendremos este golpe de Estado. Será la gente.
* Diputado y coordinador técnico de Podem Illes Balears
