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Joaquín Rábago

¿Paraísos fiscales o cuevas de delincuentes?

¿Paraísos fiscales? No, cuevas de delincuentes y ladrones. Tal es la opinión del sociólogo suizo Jean Ziegler, el hombre que más ha hecho por denunciar la hipocresía de la banca helvética y su tan cacareado secreto bancario. Exrelator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, autor de varios libros fuertemente críticos sobre el sistema financiero mundial y el sistemático saqueo del mundo en desarrollo, Ziegler demuestra una y otra vez que no tiene pelos en la lengua.

"En ninguna parte hay tanta energía criminal por metro cuadrado como en Panamá o las Bahamas", afirmaba, por ejemplo, en recientes declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung con motivo de la publicación de los "Papeles de Panamá" por el consorcio de periodistas de investigación. Casi todas las transacciones que se llevan a cabo hoy en el mundo con dinero de origen sucio o criminal pasan por esos centros offshore, otro eufemismo como el de "paraísos fiscales" para ocultar una más que odiosa realidad.

En el mundo se desarrollan actualmente más de treinta guerras de las que llamamos de "baja intensidad", y todas ellas son posibles, entre otros motivos, por la simple existencia de esas "cuevas de delincuentes", que permiten que prospere el negocio de tráfico de armas. Los gobiernos hablan ahora de "intercambio automático de información", pero ese mecanismo tiene graves limitaciones, explica Ziegler, que conoce mejor que nadie los trucos de la banca.

Si una sociedad registrada en las Bahamas abre una cuenta en un banco en Suiza, las autoridades helvéticas se lo comunicarán sólo a las autoridades caribeñas. Y si el titular de esa cuenta es, pongamos por caso, alemán, el fisco germano no se enterará nunca. Ziegler se centraba en sus declaraciones al diario muniqués en el tráfico de armas y la financiación de las guerras gracias a la existencia de esos centros offshore.

Otros se han fijado sobre todo en la evasión fiscal a gran escala que aquéllos posibilitan y que constituye un ataque directo al Estado social, el cual sólo puede financiarse con los impuestos de empresas y ciudadanos. Pero es igualmente importante la función que cumplen en el desvío de dinero de los circuitos oficiales de la economía hacia sectores fuera de todo control.

Y no se trata sólo de la financiación del tráfico de armas o de estupefacientes, sino también de la posibilidad que ofrecen en muchas partes esos canales oscuros para el soborno cotidiano de políticos, técnicos o funcionarios de la Administración. Corrupción grande, pero también pequeña, pero que hace que funcionen tantos negocios al margen de la ley: por ejemplo, en la concesión de contratos o de licencias o en el soborno de jueces o concejales, y de esto último sabemos por desgracia mucho en España.

Quienes recurren a esas prácticas, se preocupan antes de nada de transferir el dinero a alguna cuenta opaca abierta en un centro offshore de forma que ése no aparezca en la documentación de la empresa o pueda ser descubierto por el fisco. Lo más fácil en esos casos es que tanto quien soborna, así como el sobornado posean sendas cuentas en uno o varios centros offshore, lo que permitirá que el acuerdo entre ambos se lleve a cabo con la necesaria discreción.

Todas ésas, y otras muchas, son razones para exigir a los gobiernos que dejen de una vez de engañarnos y pongan fin a la existencia de esos territorios, que, si no se han eliminado hasta ahora, es por lo que el sociólogo suizo califica de "dictadura del capitalismo financiero globalizado".

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