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Antonio Papell

Podemos y la comunicación

Podemos ha querido dejar testimonio de sus posiciones en relación con los medios de comunicación ¿un aviso a navegantes?, y poco antes de que se diera por concluida la nonata legislatura, presentó tres proposiciones no de ley con las que abrir un "debate amplio". Veamos someramente cuál es la postura del partido encabezado por Pablo Iglesias.

En la proposición no de ley sobre un uso democrático del espectro radioeléctrico, Podemos propone "poner límites a la propiedad cruzada" de las televisiones y las radios para evitar grandes concentraciones de audiencia en manos de un mismo propietario, sin alterar el límite vigente del 27% que se aplica a la fusión de televisiones. La proposición no de ley sobre el Derecho Constitucional a la Comunicación insta al Gobierno a impulsar un "Programa de fomento del tercer sector de la comunicación", que suponga la aplicación inmediata de lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).

Finalmente, la proposición no de ley sobre la Agencia EFE plantea que los miembros del Consejo de Administración que designan a su presidente sean elegidos mediante concurso público; también reclama que la agencia esté sujeta "a control parlamentario" como sucede con RTVE.

Buena parte del contenido de esas propuestas es poco objetable. Hay que velar por el pluralismo del sistema mediático, conviene que ingresen en él actores del tercer sector y ya es hora, ciertamente, de que la Agencia EFE se someta a control parlamentario, como los demás medios públicos. Pero la coyuntura es poco favorable para que se acepten estas propuestas acríticamente, sin que antes se aclaren algunas incógnitas y ciertas ambigüedades de quien las formula.

En efecto, la triple propuesta ha tenido lugar pocos días después de que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, tuviera un encontronazo público con un periodista de El Mundo, a quien ridiculizó y de quien cuestionó su honorabilidad profesional, como medio de denigrar a un periódico que según su criterio trataría a Podemos con parcialidad. Sucede además que varios dirigentes de Podemos, pertenecientes a la Fundación sin ánimo de lucro CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) el propio Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón, Alberto Montero, etc., han asesorado directamente al régimen de Hugo Chávez, que no ha sido precisamente un modelo democrático en materia de libertad de expresión. La ONG estadounidense Human Rights Watch ha diagnosticado que "durante el Gobierno del presidente Chávez y ahora durante la presidencia de Nicolás Maduro, la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías sobre los derechos humanos han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos" y ha constatado que los medios de radiodifusión pueden ser censurados si critican al Gobierno. Y se han denunciado casos de compra de medios hostiles al chavismo por el propio régimen a través de hombres de paja, como sucedió con El Universal, que repentinamente alteró su línea editorial tras cambiar de manos.

Así las cosas, la confianza que suscita Podemos en materia de libertad de expresión es limitada, y en todo caso sus dirigentes tendrán que demostrar que se han adaptado a los cánones occidentales y han desechado los esquemas bolivarianos. Mientras tanto, las propuestas de Podemos, que tienen un tufo amenazador, resultan inquietantes y requieren ciertas explicaciones que confirmen que se ubican en el marco de los cánones europeos. Nuestra Constitución de 1978, que tampoco es muy del agrado de Podemos, otorga a la libertad de expresión una preponderancia exquisita, que sitúa ese derecho por encima de los restantes. En la vieja Europa, no hay otro modo de entender la democracia.

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