La dimensión de las medidas que se adoptan sigue desvelando la gravedad de la trama de presunta corrupción diversificada y organizada en un sector nada insignificante de la Policia Local de Palma. En el auto con el que el juez Penalva prorrogaba, el pasado viernes, un mes más el secreto del sumario, se dice que esta es la única forma de seguir adelante "dada la tipología de los delitos que se investigan" y que en ellos estan implicados altos funcionarios de los ayuntamientos de Palma y Calvià. Eso en un caso que ya ha tenido, en un momento u otro, a 16 agentes en prisión preventiva.
Las decisiones que siguen tomándose permanecen en la línea y gravedad de las tesis esgrimidas por el instructor y dan fe de una corrupción poliédrica mucho más densa y arraigada de lo que puede aparentar la uniformidad de la vestimenta policial o su camuflaje de paisano. Es así porque también se sirve de estos elementos para perpetrar la desviación, ya en forma de delincuencia organizada, de un sector del cuerpo. Ayer se detuvo al jefe de Actividades del Ayuntamiento, otro salto hacia arriba, hasta la misma organización de los servicios administrativos, en la neutralización de una trama que deja pocos aspectos del Código Penal sin cubrir. El alcalde, José Hila, dice que también hay polis buenos y que la mayoría de ellos se rigen por criterios profesionales. Efectivamente, pero igualmente deberá admitir que la corrosión en el cuerpo ha superado con creces todos los límites tolerables porque, al amparo de lo que escribe el juez en el auto en el que niega la libertad a los tres agentes que permanecen en prisión, la cuestión adquiere la hasta ahora desconocida dimensión de delincuencia estricta bajo organización policial. Esa misma que no tenía reparo alguno en suplantar órdenes de los concejales.
Incluso debemos hablar ya de carteristas vestidos de policía. No era un disfraz, era una sociedad preconcebida de reparto de beneficios. El juez desvela en su último auto cómo algunos de los policías imputados llegaban a repartirse, en connivencia con ellos, parte de las ganancias de los carteristas que operaban en la Platja de Palma. Insólito hasta extremos inconcebibles, por si acaso no bastaran las informaciones conocidas ayer mismo que hablaban de listas negras, inspecciones trampa o intimidatorias y desmesuradas en los locales de ocio y extorsiones, o favores y exigencias de contenido sexual.
Uno, sin salir de su asombro, se pregunta hasta dónde puede llegar a alcanzar el escándalo inmenso de la Policía Local de Palma y su extinguida Patrulla Verde de color nada esperanzador. Se sabrá el día en que el juez levante el secreto de sumario pero, para mancha, más bien tatuaje, en el buen nombre del cuerpo, ya se puede avanzar que será un caso descomunal. Debe serlo a la fuerza cuando se trabaja desde 2013 sobre presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión y falsedad. También otros posibles delitos vinculados a la alteración de la salud pública y contra la hacienda o el medio ambiente. Es una concentración de contenido penal explosivo.
