En 1993 la asamblea general de las Naciones Unidas, por recomendación de la conferencia general de la UNESCO, proclamó el día 3 de mayo como el día mundial de la libertad de prensa. La elección de esa concreta fecha responde a la voluntad de hacerla coincidir con el aniversario de la declaración de Windhoek, en la cual diversos medios de comunicación africanos, reunidos en la capital de Namibia, documentaron y proclamaron los principios de la libertad de prensa.

Este año se cumple el primer cuarto de siglo y el evento conmemorativo principal se está celebrando en Helsinki, con la activa participación del ministerio de Asuntos Exteriores Finlandés, bajo los auspicios de la UNESCO. En el transcurso de los actos programados, se entregará el premio mundial de la Libertad de Prensa a la periodista azerbaiyana Khadija Ismayilova.

La celebración de este año invita a reflexionar sobre ese derecho, esencial para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática, bajo el sugerente título "El acceso a la información y las libertades fundamentales ¡Es tu derecho!".

Si el debate es, de por sí, de sumo interés; en nuestro país acaba de cobrar plena actualidad merced a las manifestaciones realizadas por el líder de Podemos, don Pablo Iglesias, sobre la necesidad de poner límites a la propiedad de los medios de comunicación, tesis que tienen su colofón en las proposiciones no de ley que su grupo parlamentario ha registrado, el 29 de abril, en el Congreso de los Diputados y que tienen por finalidad, dicen, impulsar un uso democrático del espectro radioeléctrico y de los medios de comunicación públicos. Quizá hubiera resultado oportuno que el señor Iglesias, o don Miguel Álvarez, responsable estatal de Políticas Mediáticas de Podemos, acudieran a Helsinki y expusieran en un escenario especialmente cualificado sus tesis que sin ser novedosas se están convirtiendo en pertinaces.

En efecto, en un selecto foro que debatirá, o está debatiendo, sobre la libertad de información como libertad fundamental y como derecho humano, la protección de la libertad de prensa frente a la censura y el exceso de vigilancia y la garantía de la seguridad del periodismo en internet y fuera de ella, hubiera resultado muy ilustrativo que plantearan sus recurrentes tesis sobre la necesidad de establecer un control público de los medios de comunicación y sus quimeras sobre el ataque que diversos medios de comunicación privados hacen a la libertad de expresión, al tiempo que expusieran sus propuestas en orden a dar solución a esas prácticas; a buen seguro se hubiera suscitado un debate apasionante.

Es evidente que las empresas editoras y las titulares de medios de comunicación ejercen un legítimo control sobre sus contenidos, no en vano son sus propietarias, no de la información sino del instrumento o instrumentos que permiten su traslación a los destinatarios, sus lectores, oyentes o espectadores. Negar esa certeza sería una torpeza; ahora bien, a esa realidad no se puede anudar, como sibilinamente hace el señor Iglesias, que ello es ilegítimo, que atenta a los principios de libertad de información y, por fin, sostener que la solución pasa por la preeminencia de medios de comunicación controlados por los poderes públicos.

Ello no es así ya que la libertad de prensa tiene que ligarse, como premisa irrenunciable, a la posibilidad de permitir el acceso a la misma a cualquier ciudadano, sea persona física o jurídica, que quiera ejercer su legítimo, y constitucional, derecho de informar u opinar, exponiendo para ello su peculio en un mercado abierto, realizando las inversiones que a tal efecto considere oportunas, sujetas al cumplimiento de la regulación propia de un sistema económico basado en el principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, conforme preceptúa el artículo 39 de la Constitución.

Será la propia ciudadanía quien decidirá la credibilidad de la que son acreedores los medios que libremente concurren en un entorno abierto, plural y libre, y serán los medios competidores o concurrentes, quienes compensarán, criticarán o rivalizarán para conseguir la mayor aceptación y respeto de los destinatarios de la información. Sin olvidar que, en última instancia y en los supuestos de abuso o desviación de los parámetros que permiten el ejercicio legítimo del derecho, los tribunales ejercerán la función que la Constitución les asigna y que han desarrollado de manera más que satisfactoria en los últimos decenios.

El intento de regular y controlar los medios de comunicación públicos, como RTVE y la agencia de noticias EFE, pone en evidencia el concepto que el señor Iglesias tiene sobre la libertad de información y la pluralidad informativa, confirmando su insistencia y fijación en la conveniencia de nacionalizar algunos medios de comunicación.

Afortunadamente en Helsinki, en el foro que conmemora el 25 aniversario del día de la libertad de prensa, los asistentes abordarán cuestiones mucho más trascendentales y relevantes que las relativas a la propiedad y el control, en abierta pluralidad y competencia, de los medios de comunicación. Reflexionarán sobre temas candentes que preocupan a los ciudadanos, a los periodistas, a los editores y a todos quienes están pendientes de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y, en definitiva, de la función que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad actual.

Dudo que los conferenciantes y asistentes a los actos organizados por la UNESCO muestren el más mínimo apoyo a las propuestas y tesis que subyacen tras las propuestas no de ley presentadas por el grupo parlamentario de Podemos ante un Congreso de los Diputados non nato, en breves fechas antes de su disolución. Y estoy seguro que en caso de aproximarse a las mismas sería para mostrar su rechazo por cuanto no son compatibles con los principios que conforman la libertad de prensa.

Congratulémonos de que se cumpla un cuarto de siglo que se celebra, ininterrumpidamente, el día de la libertad de prensa y pensemos que las propuestas que comentamos no son más que un accidente, sin que por ello no dejemos de estar vigilantes en defensa de nuestros derechos fundamentales.

* Director del Bufete Buades