Todas las instituciones y organismos públicos deben primar, antes que cualquier otra cosa, los intereses y la utilidad general. En ningún caso resulta aceptable que antepongan la servitud o la sumisión a la conveniencia particular y política de quienes son sus responsables directos o disponen de capacidad de influencia y decisión sobre ellos.
Sin embargo, estos principios tan elementales, de pura lógica en un sistema democrático estable y sano, no siempre se cumplen a rajatabla. Por desgracia, en los últimos años Balears ha experimentado de forma reiterada en carne propia los efectos de estas adulteraciones del servicio público.
Diario de Mallorca destapó, el 11 de junio de 2013, la operación de sobreprecio con la que el Govern Bauzá cargaba a las arcas públicas 972.000 euros en pago por el viejo hotel Rocamar del Port de Sóller, cuando la tasación técnica externa avalaba que sólo se debía abonar un máximo de 285.000. El beneficiario de la operación fue quien en el momento también era jefe de la Inspección de la conselleria de Turismo, José Francisco Enseñat.
El Govern Bauzá reaccionó a la publicación de la información interponiendo una denuncia por calumnias contra tres redactores de este periódico. Al mismo tiempo, la fiscalía Anticorrupción, a instancias de una denuncia del PSOE, decidió investigar la operación y ponerla en conocimiento del juez. Ahora, el perito que emitió el dictamen de valoración se ha ratificado ante el instructor de la causa en el sentido de que, efectivamente, se pagaron 687.000 euros en exceso por el Rocamar.
La investigación da un paso más hacia adelante. El instructor decide imputar formalmente al exconseller de Turismo, Jaime Martínez y a los tres funcionarios que firmaron el informe amañado para justificar el sobrecoste. Martínez era director general en aquel momento y ahora se convierte en el primer conseller de Bauzá imputado, echando al traste el escudo de tolerancia cero frente a la corrupción exhibido por el expresident.
Por su parte, el juez que veía la denuncia impulsada por el expresident Bauzá y el exconseller Carlos Delgado contra los redactores de Diario de Mallorca, ha decidido archivarla. Lo ha hecho bajo la comprobación de que las informaciones publicadas eran veraces y de que partían de elementos aportados por funcionarios de la conselleria de Turismo y habiendo contrastado otros datos. Con ello, el juez llega a la conclusión de que no hubo calumnia en lo que sólo era información.
En una actitud más ecuánime y un sentido institucional de mayor coherencia, el Ejecutivo Armengol ha considerado fuera de lugar la continuidad de la denuncia de su predecesor. Lo hace con un argumento inapelable para no oponerse al sobreseimiento: “No es misión de la Abogacía de la Comunidad acusar a particulares, sino defender los intereses generales”. En cambio, el Govern Bauzá sí utilizó los servicios jurídicos autonómicos en numerosas ocasiones, desde la defensa de la compatibilidad personal del president con sus negocios farmacéuticos, a la demanda, como en el caso del Rocamar, contra quienes se mostraban críticos con la actuación de determinados consellers.
Las cosas han cambiado de modo sustancial porque ahora el Govern Armengol, en vez de defender el indefendible pelotazo del Port de Sóller, decide personarse como perjudicado. Opta por hacerlo a través del Consorcio de Bolsa de Plazas hoteleras. Las plazas extinguidas en el Rocamar debían permutarse en principio con otras de sa Ràpita.
Ha quedado demostrado que se hizo un uso malévolo y muy partidista de las institucionales autonómicas. No es misión del Govern servirse de los servicios jurídicos instituciones para acallar, ya no voces críticas, sino el mero ejercicio de la información que delata actuaciones vergonzantes de los responsables públicos. Ahora que las resoluciones judiciales lo han dejado claro, convendría que nadie más cayera en esta tentación. Será en beneficio de todos.
