El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, aprobó en 2012 una reforma laboral con el objeto „decía el PP„ de "facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis" y de "acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable".
No sólo no se han cumplido estas dos expectativas, sino que, desde ese momento, se abrió la senda hacia la precariedad que hoy padecen una gran mayoría de los trabajadores ocupados y desempleados de este país.
La devaluación salarial, como instrumento de ajuste económico, ha sido el caballo de batalla del Gobierno de Rajoy. Para lograr este objetivo, se han mermado los derechos de los trabajadores, iniciando una ofensiva contra las organizaciones sindicales y de determinados agentes e instrumentos del ámbito laboral, que les han dejado sin voz en los últimos años.
Se hace necesaria una nueva reforma, basada en el diálogo y en el consenso, que ponga en el centro de la relación laboral al trabajador y a sus representantes, a fin de recuperar de nuevo el equilibrio de fuerzas. Es necesario el debate para que se recupere la centralidad en el ámbito laboral.
Balears se hallan en una fase de recuperación del crecimiento económico, que no de una recuperación social. Por ello, la primera medida en materia laboral que adoptó este Govern fue activar un plan de lucha contra la precariedad, que combatiera elementos como la temporalidad o la parcialidad en los contratos. Frente a la destrucción de derechos, este Govern ha ido trabajando por recuperarlos.
Es el momento de adoptar una nueva estrategia de política laboral. De no ser así, de no abordar con urgencia medidas que eliminen la precariedad del mercado de trabajo, se corre un serio riesgo de que se convierta en estructural y perdure en el tiempo.
Este Govern ha puesto en valor el diálogo social y la negociación para desarrollar nuevas políticas. Junto a los principales agentes socioeconómicos de las Islas, hemos adoptado medidas que ya van dando cambios, dirigidos a la recuperación de la calidad en la ocupación.
Hace tres días se celebró el día internacional de la salud en el trabajo. El ámbito de la seguridad laboral también nos preocupa, porque su reverso, la precariedad, debe ser combatida para seguir la senda de la calidad en la ocupación. La estrategia para la seguridad y salud, aprobada en abril, quiere ser un freno a la tendencia de esta accidentalidad.
He querido dejar para el final un aspecto sobre el que debemos empezar a dialogar. Esta comunidad genera crecimiento económico de nuevo, volviendo a niveles anteriores a la crisis. Una plusvalía que se debe aprovechar para plantearse una nueva redistribución de la renta generada. En este proceso, los salarios han quedado devaluados, sin que se haya producido una revisión. Es necesario, por ello, abrir ese debate y que la negociación colectiva recupere centralidad para alcanzar acuerdos que lleven a la calidad del empleo.
Frente a la devaluación salarial existen fórmulas. El papel de la Administración es importante por ejercer de ejemplo público ante la sociedad. Por ello, la aprobación de las cláusulas sociales a la contratación que hemos aprobado esta semana supone un ejemplo de un mecanismo que promueve la calidad de la ocupación, garantizando unos mínimos a los trabajadores que prestan sus servicios a la administración, como es el cumplimiento de lo acordado en sus respectivos convenios sectoriales en las islas.
Hoy, primero de mayo, es obligado reflexionar sobre el modelo de mercado laboral que queremos alcanzar. Nuestro lema es claro: apostamos por la calidad en el empleo para una salida real de la crisis.
(*) Conseller de Treball
