Se inicia la recuperación de derechos laborales

La crisis ha servido, y sirve, de coartada para que la precariedad y con ella la inseguridad e incertidumbre que la caracterizan se instale entre nosotros, que la interioricemos y que la asumamos como algo normal. Dentro de esa normalidad están la contratación temporal, a tiempo parcial, el aumento de cargas de trabajo, los falsos autónomos, y un sinfín de situaciones que dan como resultado la explotación laboral de trabajadores y trabajadoras con más frecuencia de la que podemos imaginar.

No cabe duda de que las reformas laborales, junto a las altas tasas de desempleo, han contribuido a esta precarización de las condiciones de trabajo, al dinamitar la negociación colectiva e instalar una situación de desequilibrio, totalmente desproporcionada, entre empresarios y trabajadores.

Lo más sorprendente, en esta situación de devaluación salarial y pérdida de derechos es que se han fomentado desde las propias administraciones públicas, con recortes a sus propios empleados, pero especialmente a las contrataciones de servicios que adjudicaban. Hemos asistido al espectáculo de cómo políticos de los diferentes gobiernos (central, autonómico y local), sacaban pecho cada vez que reducían los precios en los diferentes contratos públicos, y lo hacían año tras año a sabiendas de que las empresas que licitaban a la baja lo repercutían en las cargas de trabajo, en los salarios y en las jornadas de sus trabajadores y trabajadoras.

Y el movimiento sindical se movilizó, reclamando a las administraciones públicas la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos que suscribiera; y se movilizó sobre todo cuando afectaba a los contratos de los sectores más desprotegidos y más vulnerables, como limpieza, seguridad y auxiliares de servicio; y se movilizó cuando despedían, reducían jornadas, pagaban con retraso o no se cumplían las condiciones de seguridad y salud; y se movilizó frente a las empresas, frente a las administraciones, con concentraciones y con convocatorias de huelga.

Y llegó la campaña electoral autonómica, y el movimiento sindical arrancó a los partidos que proclamaban el cambio, el compromiso, que desde las administraciones no contribuirían a la precarización de las condiciones de trabajo.

Y llegó un gobierno progresista al Consolat, y el movimiento sindical siguió reclamando que se protegieran las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. Y la lucha dio sus frutos, el Govern aprobó este viernes un acuerdo que establece las directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación. Sin duda, ha sido un día importante para el movimiento sindical de esta comunidad autónoma, al recoger una de sus reivindicaciones más importantes de los últimos años, y supone un punto de inflexión en la escalada de precariedad que se habían convertido los contratos con la administración, a partir de ahora no solo se tendrán en cuenta las ofertas más económicas al adjudicar los contratos.

Se van a tener en consideración la aplicación del convenio sectorial, la formación de los trabajadores y trabajadoras, un porcentaje mínimo de contratación indefinida, los planes de igualdad, la creación de empleo para personas con dificultades de inserción y se reserva un 3% de la contratación con centros especiales de empleo. Además, serán cláusulas obligacionales tanto en la adjudicación como en la ejecución y estarán vigiladas por una comisión de seguimiento donde estarán, además de la administración, las patronales y los sindicatos más representativos.

Sin duda, no hay mejor contexto que el primero de mayo para celebrar y aplaudir un acuerdo que ha sido posible gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras y a la sensibilidad de un gobierno de progreso.

(*) Secretario general de CC OO Illes Balears