Ante el escándalo provocado por la detención de los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, acusados de extorsiones que les proporcionaron pingües beneficios y que quedaron al descubierto al denunciar los abogados de la infanta Cristina el chantaje en cuestión, algunas voces han pedido que la acción popular sea reglada con más rigor y quede en manos de asociaciones filantrópicas que estén por encima de cualquier sospecha.
Pero, curiosamente, la reacción más extendida ha sido de alivio: al parecer, este sistema pervertido de acusación ante la Justicia de supuestos delitos, llevada a cabo por personas sin interés alguno en la causa, ha ocultado extorsiones en muchos más casos que los que hemos conocido ahora. Banqueros, empresarios, personalidades públicas€ han tenido que pagar para evitar un escándalo, incluso en casos en que no existía irregularidad alguna.
Así las cosas, el asunto no puede zanjarse con la simple inculpación de los ahora sorprendidos: es necesario que se abra un debate profundo y riguroso sobre la acción popular, y que se revise la legislación vigente. En cualquier caso, si se mantiene la figura, que tiene respaldo constitucional, habrá que reforzar la figura penal de la denuncia falsa: si la acusación es incierta y se debe a una razón espuria, todo el peso de la ley ha de caer sobre quien no duda en socavar el prestigio ajeno con fines inconfesables.
