Cifras confirmadas para un pelotazo

29.04.2016 | 09:21
Cifras confirmadas para un pelotazo

El perito mantiene ante el juez que el Govern pagó 600.000 euros de más por el hotel Rocamar del Port de Sóller. Archivada una denuncia del exconseller Delgado contra este periódico por haber revelado los hechos

Algunos cargos públicos tienden o han tendido a pensar que el mero ejercicio del poder les otorga carta blanca y les reviste de una infabilidad entendida como capacidad de moldear la realidad a conveniencia. Pero, por fortuna, los hechos y las cifras son en muchos casos irrefutables y acaban imponiéndose tarde o temprano.

En sus tiempos de conseller de Turismo del Govern Bauzá, Carlos Delgado era bastante proclive a actuar, no solo de forma unilateral, sino según criterio propio exento de refrendo técnico y amparo reglamentario.

El escándalo del antiguo hotel Rocamar, en el puerto de Sóller, es probablemente la constatación más elocuente de este modo arbitrario de hacer las cosas. Cada vez queda más patente que fue una operación especulativa, amparada en el Plan Territorial de Mallorca. Las plazas extinguidas por el cierre del Rocamar debían ser trasladadas a Sa Ràpita. En 2012 el Govern Bauzá adquirió el edificio en ruina con la finalidad de derribarlo y transformarlo en espacio público. Una valoración técnica exterior cifró la operación inicial en 971.671 euros, pero advertía que a lo sumo se debían pagar por ello 284.631, teniendo en cuenta el coste del derribo y otras obras complementarias. Hubo sin embargo otra valoración interna de tres funcionarios, hecha a medida, para que la conselleria acabara desembolsando casi un millón de euros.

Se da la particularidad que el beneficiario de la operación fue quien en el momento era jefe de la inspección de Turismo, Jaime Ensenyat Alcover y su familia, los cuales ya habían vendido el hotel. Se utilizó, supuestamente, el dinero para liquidar el préstamo otorgado al comprador.

Este periódico publicó en su día los detalles de una operación en la que quedaba acreditado que se había abonado un sobrecoste de más de 600.000 euros. A raíz de ello, la fiscalía Anticorrupción abrió diligencias que se han traducido en denuncia por operación especulativa y por otro lado, el Govern decidió presentar demanda contra los tres periodistas de Diario de Mallorca que narraron los hechos, sus detalles y las cifras del presunto expolio público y beneficio privado.

Ahora, cuando se conoce que el prestigioso técnico que realizó la valoración confirma ante el juez que, efectivamente, se pagaron más de 600.000 euros en exceso por el Rocamar, otro magistrado, el que ha visto la querella contra este periódico, decide archivarla. Lo hace porque considera probado que las informaciones publicadas por este diario fueron obtenidas de forma fehaciente y amparadas por las manifestaciones de funcionarios públicos. No hubo calumnia como alegaba la conselleria de Turismo, sino, cuando menos, "tantas dudas arrojadas por los hechos, que la fiscalía interpuso denuncia". El Govern actual no incidirá en este punto porque considera insólito que la Abogacía de la Comunidad acuse a particulares en vez de defender los intereses generales. El Rocamar queda en evidencia.

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