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Joaquín Rábago

Los secretos de las empresas

Casi sin que nos enteráramos, el Parlamento europeo aprobó hace unos días una polémica directiva sobre secretos comerciales que recorta el derecho de los ciudadanos y consumidores a estar informados sobre eventuales abusos o ilegalidades de las empresas. Pasó seguramente inadvertida para la mayoría de los lectores de prensa porque al mismo tiempo se votó y aprobó otra directiva, igualmente controvertida, en la que los medios decidieron fijar la atención: la relativa al registro de los pasajeros en todos los vuelos.

Y, sin embargo, la de secretos comerciales puede tener peores consecuencias, razón por la cual el Observatorio de la Europa Corporativa se ha sumado esta semana a un llamamiento a los parlamentos nacionales para que no la aprueben, como se teme que ocurra, el próximo 17 de mayo. Sus críticos señalan que la directiva en cuestión, incluso tras la revisión a la que fue sometida y que incluye algunas excepciones favorables al trabajo periodístico, impedirá que en el futuro puedan salir a la luz escándalos como el bautizado "Luxleak".

Para quienes lo hayan olvidado, hoy que todo se olvida tan rápidamente, se trata de las revelaciones que hizo un empleado de PricewaterhouseCooper a un periodista francés y que permitieron descubrir la ayuda que prestó esa auditoría a diversas multinacionales para que se beneficiasen de acuerdos especiales en materia impositiva con Luxemburgo . Grandes empresas como Amazon, Pepsi, Fiat, Heinz o Ikea o bancos como el Deutsche Bank o JPMorgan consiguieron gracias a esos acuerdos a medida con el gobierno luxemburgués y que se habían mantenido en secreto importantísimos ahorros fiscales en perjuicio de los países donde hacían sus negocios y deberían haber tributado.

Antoine Deltour, el empleado de la auditora que reveló a la prensa tales prácticas de desleal competencia en el seno de la UE, recibió el premio Ciudadano Europeo 2015, pero hoy se enfrenta a una pena de varios años cárcel o a una posible multa de más de un millón de euros por "violación de secretos comerciales", eso mismo que trata de penalizar ahora la nueva directiva europea. Cuando muchas empresas no dudan en anteponer el lucro privado al interés público, sin que al parecer les importe poner en peligro la salud de los ciudadanos o el futuro del planeta, se hace más necesaria que nunca una ley que, lejos de amordazar a quienes alertan de ese tipo de abusos, dos, estimule y proteja conductas como la del ciudadano Deltour.

El problema con la nueva directiva, advierte el Observatorio para la Europa Corporativa, es que supone una amenaza tanto para el trabajo de los periodistas como de los investigadores que tratan de escudriñar a las empresas al tiempo que disuadirá a quienes, obedeciendo sólo a su conciencia, se decidan a revelar prácticas empresariales incorrectas cuando no directamente ilegales. Su objetivo declarado es combatir el espionaje industrial, pero con ese pretexto y gracias al cabildeo de las multinacionales en la UE, que seguirá ahora en los Parlamentos nacionales, la directiva peca, en opinión de sus críticos, de una definición demasiado amplia de lo que son "secretos comerciales" o de su "obtención ilegal" de los mismos, lo que abre de par en par las puertas al procesamiento de alertadores y periodistas.

De ahí que el Observatorio de la Europa Corporativa, tras calificar la directiva de "inaceptable" por extralimitarse, proponga una enmienda que defina como "ilegal" exclusivamente "la obtención, uso o publicación de un secreto comercial por alguien a quien mueve sólo el interés económico, lo mínimo que cabe esperar de un texto que trata básicamente de competencia desleal".

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