La regularización plena del alquiler turístico entre particulares está siendo mucho más compleja y problemática de lo esperado y deseado. Hoy es ya un foco de tensión y dificultad acentuada por la confluencia de distintos factores. Pesa sobre ello, al mismo tiempo, la premura, la complejidad técnica y el choque de intereses que desemboca incluso, por lo menos en algunos de los vértices afectados, en roce institucional, lo cual es particularmente significativo, porque afecta de lleno a fuerzas políticas coaligadas.
Los ayuntamientos con mayor demanda de arrendamiento vacacional y los consells insulares ya han mostrado su rechazo a la pretensión del Govern consistente en delegar a la administración local la regulación de las intensidades y zonas de viviendas turísticas. Dicen que no es viable, en estos términos, por mera dificultad técnica y que además, tal cómo se ha planteado en principio, puede acabar favoreciendo la presión urbanística y directamente a los propietarios con mayor poder económico. En principio, este no es el espíritu que se había prometido establecer.
Pero el tiempo corre en contra del sosiego y hasta de una prudencia que, por otro lado, parece conveniente a la vista de la transcendencia de las medidas que deberán adoptarse. Se impone la urgencia por diversos motivos. Porque es una promesa electoral de los actuales responsables de Turismo, porque existe una inmensa demanda y demasiado alquiler fuera de norma y control y porque la ley de la Ecotasa impone cobrarla en este ámbito en el plazo máximo de seis meses. La moratoria propuesta por la patronal del sector se hace especialmente inviable con este panorama.
De momento se están poniendo parches y dejando muchos huecos destapados. En lo que va de año se han impuesto 53 multas frente a las 30 de la temporada pasada. Son más, evidentemente, pero no dejan de ser gotas insignificantes dentro de un mar de 50.000 pisos alquilados ilegalmente y una estimación de 125.000 plazas navegando en él. Los inspectores reconocen que solo actúan cuando hay denuncia previa, por mucho que el Govern asegure que está peinando todas las páginas web dedicadas al alquiler turístico en búsqueda de ofertas de viviendas plurifamiliares que hoy siguen en la ilegalidad en Balears. Mientras, quien puede se acoge a la ley de Arrendamientos Urbanos para evitar problemas o, en el peor de los supuestos, se arriesga adentrándose en los terrenos yermos de legalidad.
En el núcleo duro de las decisiones que se van adoptando confluyen los intereses defendidos por ecologistas, hoteleros, arrendatarios y hasta las Comisión Nacional de la Competencia. Se insinúan requisitos que se aproximan a las de las plazas hoteleras. Desde Turismo ya se lanza la consigna de que "no todo podrá alquilarse". También lo dijo anteanoche el conseller de Territorio, Marc Pons, en el Club Diario de Mallorca. La fórmula aplicable será particularmente decisiva en este caso porque, según cómo se hagan las cosas, se cumplirá con la promesa de regular todo el alquiler turístico o, por contra, se caerá en el efecto inverso de acabar abortándolo.
