Se juzga a los que filtraron y difundieron los Papeles de Luxemburgo (LuxLeaks) que descubrieron los acuerdos fiscales del Gran Ducado para evitar que pobres multinacionales, que benefician a los pueblos con la venta de sus bienes y servicios, tuvieran que hacer retornos a las sociedades de sus compradores y usuarios por darles seguridad jurídica, usar su mercado, sus comunicaciones, sus infraestructuras, como hacen otras empresas locales de menor tamaño. Esto sucedió de 2002 a 2010.
El juicio de Luxemburgo comienza en una Europa donde el más alto funcionario ejecutivo de la Unión, el socialcristiano Jean-Claude Juncker, era primer ministro en el país que propició la evasión fiscal de McDonald´s, Starbucks, Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Pepsi, JP Morgan, Deutsche Bank, asesorados por multinacionales de la consultoría y auditoría, entre ellas Pricewaterhouse Coopers, donde fue la fuga de 28.000 folios indiscretos.
Estos ingenieros de las finanzas y el gobierno luxemburgués dejaron en el Gran Ducado varios billones de euros en tributación a costa de que las multinacionales no pagaran muchísimos más en otros países europeos, vecinos y socios. Juncker, destacado participante en el Tratado de Maastricht, el cuarto gran acuerdo de la UE, fue un gran luxemburgués cuando presidió su país pero, desde que salieron a la luz los documentos (2014), tiene un déficit de europeísmo sobrevenido, una miseria comunitaria, por un ataque grave a los intereses de vecinos y socios de la UE, que aconsejaría que dimitiera. Los grandes partidos no permitieron los intentos de apearlo y por eso sigue siendo "un experimentado líder europeo" que permite grandes evasiones fiscales y exige grandes sacrificios presupuestarios con simpáticos estrangulamientos simbólicos.
