Puigdemont es nacionalista, un adjetivo poco expresivo si no va acompañado de otras matizaciones. Y en este caso, todo indica que el nuevo presidente de la Generalitat, que aspira a la independencia de la Cataluña, es persona pacífica y sensata, sin los arrebatos radicales ni el fanatismo sobrevenido de su predecesor, que bien pudieran provenir de la proverbial furia del converso, siempre necesitado de hacer méritos para camuflar pasados más o menos tibios o vergonzantes.
Puigdemont ha dado de momento el paso nada intrascendente de acudir a Madrid, a la guarida del dragón, con ánimo constructivo. Y ha llevado consigo un documento de 46 reivindicaciones que, con la excepción de algún guiño soberanista, sorprenden por lo atinado de las demandas, por el tono razonable de la queja? y por la veracidad en general de unos planteamientos que dejan en bastante mal lugar al Estado central, en el que soplan vientos recentralizadores y se muestra de forma general, y no sólo con Cataluña, escaso apego al hecho autonómico.
Reconozco que no me había tomado la molestia de revisar los 46 puntos de Puigdemont, que parecían ser una ampliación de los 23 puntos que presentó Artur Mas a Rajoy en julio de 2014, hasta que Xavier Vidal-Folch llamó la atención sobre ellos en uno de sus artículos, en el que elogiaba el conjunto del documento y destacaba que a las quejas de Mas se han sumado otras completamente novedosas de índole social y de gran consistencia. El documento dedica el primer punto a reivindicar democráticamente la exigencia de un Estado propio para Cataluña mediante la negociación y el diálogo, y el último a instar que se evite la judicialización de la política, pero en los otros 44 apartados revisa, en primer lugar, la mala situación de las políticas sociales, que no tienen el debido acompañamiento fiscal, y los incumplimientos del Estado con Cataluña, la invasión de competencias autonómicas por el Estado y las interferencia de Madrid en la acción de gobierno autonómico.
En el campo de las políticas sociales, el documento denuncia un desarme presupuestario muy lesivo para los ciudadanos. Ese desarme -escribe Vidal-Folch- "es consecuencia de la centrifugación del gasto, esa técnica recentralizadora: endosa a la periferia el tratamiento del a hepatitis C y suprime el fondo de cohesión sanitaria; constriñe las ayudas a discapacitados, mujeres y jóvenes; reduce a la mitad porcentual la aportación del Gobierno a las prestaciones de la Ley de dependencia; recorta el dinero a las autonomías para políticas activas de empleo; suprime el fondo de acogida e integración de asilados? Todo esto se llama centralismo. Perjudica a Cataluña. Y a todas las comunidades".
El resto del documento es más polémico, pero debe destacarse una idea central que ofrece poco margen de duda: el incumplimiento por el Estado del Estatuto de Autonomía vigente de 2006, con sus recortes impuestos por el Tribunal Constitucional, es una falta de respeto al pueblo catalán y un germen de independentismo que además destruye los argumentos de los que no lo son. Véase un ejemplo menor pero muy explícito: entre 2013 y 2015, el Estado ha recaudado en Cataluña 180 millones de euros en tasas judiciales, pero no ha abonado este importe a la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia de administración de Justicia? Si se piensa que la ley de tasas vincula la tasa a la justica gratuita y que ésta ha de ser sufragada por la Generalitat, se entenderá mejor el desaguisado.
El documento de Puigdemont da pie a hablar y a negociar. Si no se hace, habrá que atribuir buena parte de culpa al gobierno central. Sea cual sea el que salga del 26J.
