La cuestión de los bienes materiales como inmuebles, fincas o espacios urbanos de titularidad, uso o beneficio eclesial lleva décadas instalada en la confusión y el oscurantismo. Es también un asunto que, por el modo en que se suele tratar, se presta a la interpretación arbitraria y a la demagogia. Pero resulta por igual una cuestión que requiere transparencia y claridad. Las necesita en beneficio de todos, de la misma Iglesia y del conjunto de la sociedad, aunque solo sea para evitar malentendidos.
Ha habido algún intento de ordenar el catálogo de bienes materiales de titularidad diocesana pero, por lo general, han sido tímidos o no suficientemente explícitos. La reclamación municipal de las murallas y castillo de Sant Salvador, en Artà, inscrito a nombre de la parroquia, ha reactivado la polémica en Mallorca. En general, el artículo 206 de la ley Hipotecaria de 1946 ha permitido inscribir muchos bienes inmatriculados, es decir, que se registraban por primera vez, a nombre de la Iglesia. La cuestión lleva pareja también la confusión fiscal. Tampoco está claro qué tributos se pagan por ello y quién los abona, si es que alguien lo hace. El silencio también otorga en asuntos patrimoniales de vínculo público. Y la Iglesia, en demasiados casos, ha hecho y callado, aunque sea con amparo legal, obviando que la transparencia concede prestigio y credibilidad. La Administración del Estado ha sido un mal cómplice en este sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que una Iglesia aquejada por un constante derrame de fieles está más necesitada de desprendimiento que de acumulación material. Convendrá, de todos modos, distinguir con suma claridad entre templos, otros lugares de culto, viviendas, espacios públicos, casas en alquiler, lugares de recreo, herencias recibidas, negocios establecidos y Dios sabe cuántas cosas más, que de todo hay en la viña diocesana.
Podemos estima en medio centenar el número de inmuebles inscritos a nombre de las tres demarcaciones eclesiásticas de Balears. Ahora esta formación política emprende una serie de iniciativas parlamentarias para poner cifras concretas al asunto, al tiempo que intenta implicar cuando menos a los partidos del Govern en la cuestión. A preguntas de los diputados morados, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera ya comprometió el otro día el apoyo del Ejecutivo a los ayuntamientos que reclamen bienes inmatriculados por la Iglesia. Con matices posteriores, también insinuó la conveniencia de adecuar las obligaciones tributarias que se han ido creando y que en demasiados casos han quedado en el aire.
Quizás ha llegado el momento adecuado de obviar errores y silencios del pasado instalados en el presente, la hora de reciclarse y dejar que cada uno se quede con lo que le corresponde en consonancia con los tiempos actuales. Lo religioso, lo social y lo público resulta compatible y transversal en la mayoría de los casos. A una Iglesia moderna le interesa divulgar qué tiene y para qué lo necesita.
