Tribuna

Derecho a la salud

23.04.2016 | 02:11
Derecho a la salud

Día 20 de abril de hace cuatro años el PP decidió modificar el sistema sanitario de nuestro país. Decidió priorizar reducir el gasto en sanidad, sabiendo que determinadas decisiones económicas condicionan los resultados en salud de una población. ¿Por sostenibilidad? Somos el país europeo que menos gasta en salud. El PP tomó conscientemente una decisión política con importantes repercusiones en salud pública, en desigualdad y en cohesión social. Así en Balears, por ejemplo, se despidieron a 1.400 profesionales sanitarios, se duplicó la lista de espera quirúrgica y triplicó la de consultas externas, se quiso cerrar los hospitales General o el Joan March, se cerraron los centros de salud por la tarde y otras muchas decisiones.

El PP modificó los elementos esenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) por medio del real decreto ley (RDL) 16/2012 y lo hizo en la máxima soledad. Ningún partido político, ningún sindicato, ninguna organización profesional de ámbito sanitario, ninguna ONG? Nadie apoyó la decisión del PP. Es más, los profesionales sanitarios, rozando la desobediencia civil, continuaron atendiendo a muchos inmigrantes sin recursos y en situación irregular.

El PP eliminó la universalidad de la atención sanitaria como derecho de la ciudadanía, que se había plasmado, en 2003, en el artículo 3 de la ley de cohesión y calidad del SNS. Así el derecho a la salud sólo la tiene quien está asegurado o si es un beneficiario, excluyendo a determinados colectivos de personas, especialmente inmigrantes, pero también a otros. Excluir a personas de la atención sanitaria supone un riesgo en términos de salud pública, individual y colectivamente.

El PP argumentó la sostenibilidad del SNS para excluir a los inmigrantes de la atención sanitaria. Ni el PP ni nadie ha demostrado ahorro alguno para el sistema sanitario por esta medida, pero sí que está ampliamente documentado que la falta de acceso normalizado a la asistencia sanitaria ha concluido con personas que han visto agravadas sus dolencias. Incluso ha producido muertes. Una decisión injusta e inútil del PP que urge modificar.

El RDL 16/2012 también introdujo otros cambios. Modificó la cartera de servicios del SNS introduciendo los nuevos copagos del PP. Por primera vez los pensionistas de nuestro país pagan una parte de su medicación. Un nuevo copago a los pensionistas que en 2015 ha supuesto 9,3 millones de euros en Balears, que los enfermos deben adelantar económicamente los excedentes de pago a la Administración. Estudios contrastados nos permiten afirmar que uno de cada cinco pensionistas no retira toda su medicación por motivos económicos, con el riesgo para su salud.

No olvidemos otros copagos sanitarios que aprobó el PP hace cuatro años y que son legales, aunque no se han atrevido a cobrar. Hablamos del copago asociado al transporte sanitario no urgente (en la mayoría de casos necesario y justificado), del copago vinculado a la prestación ortoprotésica, del copago vinculado a la prestación dietética (muchas veces vital o necesaria para mantener un mínimo de calidad de vida) o de aquellos medicamentos dispensados a través de las farmacias de los hospitales. Sólo la crisis política y motivos electorales, han impedido al PP ponerlos en vigor y en práctica.

Es justo recordar como determinadas autonomías, como Balears, el nuevo gobierno de Progrés, basándose en nuestras competencias estatutarias, han sorteado el RDL 16/2012, y están dando ahora atención sanitaria normalizada a los inmigrantes sin recursos y otros colectivos. Esto significa promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención primaria, atención hospitalaria y prestación farmacéutica. Mientras, el PP y su gobierno de España, lejos de facilitarlo, combaten las acciones de estas autonomías, recurriéndolas.

Por eso hoy nuestro objetivo es claro y nítido. Exigimos que se derogue el RDL que excluye de la asistencia sanitaria a ciudadanos y se restituya en todo el Estado la universalidad del SNS, para que volvamos a un modelo que ofrezca derechos y garantías a la población y que, hasta hace cuatro años, era referente en Europa y en el mundo.

* Diputat socialista al Parlament balear.

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