El pretexto es siempre el mismo: los ayuntamientos, la Administración, arrastran deudas y la solución más socorrida no es ver cómo y dónde se puede ahorrar, suprimiendo, por ejemplo, organismos y cargos inútiles, sino privatizar. Y privatizar equivale en muchos casos a malvender, es decir vender muy por debajo de su precio de mercado, es lo que se ha hecho por ejemplo últimamente en la capital de España con cerca de dos mil viviendas de protección social, construidas con dinero público y en régimen de alquiler.
Se han vendido, cuando gobernaba una alcaldesa del PP, a esos que llamamos "fondos buitre" porque se aprovechan de las desgracias ajenas y que en este caso no han tardado en hacer lo que sólo cabía esperar de ellos: aumentar las mensualidades que pagan los inquilinos. Algunos medios hablan incluso de mobbing, esa palabra inglesa que equivale en este caso a hacerles a los ocupantes de esas viviendas la vida imposible para que pague lo que se le exige o se marche aunque no tenga dónde ir.
Hace ya muchos años otro alcalde también del PP privatizó por cien pesetas sí, cien pesetas un 49% de la empresa municipal de servicios funerarios a una empresa privada de pompas fúnebres. Se argumentó entonces que los servicios eran deficitarios, pero dos meses después resultó que arrojaban beneficios millonarios. Si hay una industria que no puede en teoría fracasar porque no le faltará nunca trabajo es la de los servicios funerarios.
Pero resulta además que la empresa así beneficiada no se ocupó, como era su deber, del mantenimiento de los cementerios, y ahora que está próxima a expirar la sociedad mixta, el nuevo ayuntamiento de izquierdas tendrá que invertir millones para rehabilitarlos. Y aquel alcalde tan generoso se vio luego recompensado con el bien remunerado puesto de presidente de Ifema, el consorcio madrileño dedicado a organizar ferias, convenciones y congresos, puesto que ocupó durante cerca de un cuarto de siglo y que seguiría tal vez ocupando de no haberse producido un relevo en ese ayuntamiento.
De igual modo que la alcaldesa bajo cuyo gobierno se privatizaron tantas viviendas de protección social, la del fracaso de la candidatura olímpica madrileña y el "relaxing cup of café con leche", ha sido ahora contratada como asesora por la Organización Mundial del Turismo, que depende de la ONU. Comentaba todo esto el otro día con un amigo y nos preguntábamos cómo es posible que aquéllos a quienes damos en las urnas nuestra confianza para que administren un patrimonio que es de todos, en lugar de cuidarlo, lo desperdicien muchas veces de ese modo y no tengan que responder luego de nada.
Como parece que no responderán nunca quienes promovieron la construcción de autopistas que sólo podían ser ruinosas, de aeropuertos sin aviones ni pasajeros, tramos del AVE que apenas utilizan viajeros, ciudades de la Justicia, de las Artes y las Ciencias y demás proyectos megalómanos que, o no se acabaron o si se terminaron, nos están costando millones. ¿Hay justicia?
